El Gobierno regula los test de antígenos al precio “más asequible posible”

Sanidad fija un precio máximo de venta de 2,94 euros para los test de antígenos en farmacias

El Gobierno regula los test de antígenos al precio “más asequible posible”

Sanidad fija un precio máximo de venta de 2,94 euros para los test de antígenos en farmacias

La venta de las pruebas de diagnóstico rápido contra la COVID-19 están exclusivamente reservadas a las farmacias, puesto que la ley española no permite su distribución en supermercados o grandes superficies. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no niegan su implantación en un futuro, aunque tendría que producirse un cambio de normativa.

El Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre sobre productos sanitarios para diagnóstico "in vitro" indica que la venta de los productos para autodiagnóstico se efectuará “exclusivamente a través de las oficinas de farmacia”. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución envió una carta a Sanidad en la que se ofrecían a vender las pruebas rápidas en su red de establecimientos, gesto que agradecen desde el Gobierno pero cuya posibilidad “no está sobre la mesa” actualmente.

 

Una de las razones que se esgrimen es que nuestro país goza de uno de los mayores números de establecimientos farmacéuticos per cápita de la OCDE, por lo que “no hay necesidad” de recurrir a la venta en otros centros. 

 

El Gobierno espera que la venta de test rápidos disminuya drásticamente si la COVID-19 empieza a tratarse como una enfermedad endémica a partir del fin de la sexta ola

Otros países como Portugal, Alemania o Francia sí permiten su venta en supermercados, cuyo fácil acceso evita la especulación y ofrece un precio competitivo a los ciudadanos. Carolina Darias, ministra de Sanidad, señala que el Ejecutivo impondrá el precio “más asequible posible” además de recalcar que existen casi 40 marcas autorizadas de test rápidos en el mercado. Para un futuro donde las pruebas de autodiagnóstico se vendan fuera de las farmacias, habría que aprobar un nuevo Real Decreto.

 

La oposición no está conforme con esta decisión. El secretario General del PP, Teodoro García Egea, exige un precio máximo de dos euros y la venta gratuita a aquellas familias con niveles de renta mínimos. Desde Ciudadanos, hacen una llamada a “liberalizar la venta” de los test y permitir su venta en supermercados, así como realizar pruebas gratis a los ciudadanos.

 

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