El Gobierno tiene tres semanas para obtener el apoyo del Congreso a la reforma laboral y se cierra a introducir modificaciones

El Gobierno tiene tres semanas para obtener el apoyo del Congreso a la reforma laboral y se cierra a introducir modificaciones

El acuerdo entre sindicatos, patronal y el Ejecutivo para la reforma laboral debe ser ratificado por el Congreso antes del 7 de febrero y la intención del Gobierno es aprobarla tal y como se cerró en la mesa del diálogo social. Así lo ha dicho el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que no quiere un trámite como proyecto de Ley para que los grupos no introduzcan modificaciones. Sin embargo, los habituales socios de PSOE y Podemos en el parlamento exigen cambios, lo que descolgaría finalmente a la patronal. Se esperan, por tanto, días de largas negociaciones.

 

El Gobierno tiene que convalidar el real decreto de la reforma laboral antes del 7 de febrero. Después de nueve meses largos de negociación a tres partes entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) la legislación laboral aprobada por el PP de la mano de Mariano Rajoy tiene los días contados. Finalmente no se hará una derogación total pero se modifican los aspectos más dañinos para los trabajadores. A pesar de ello, el acuerdo no contentó a todas las partes pues todos tuvieron que ceder. 

 

Ahora, el Congreso de los Diputados debe ratificar el acuerdo para que no decaiga y los habituales socios parlamentarios del Gobierno de coalición exigen cambios para dar sus votos, que son imprescindibles. Por eso piden que el decreto se tramite precisamente como proyecto de ley para poder introducir enmiendas. Pero la patronal ya ha avisado que si se cambia una sola coma del texto acordado se descolgará del mismo. 

 

Por tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentra en una encrucijada pues si acepta cambios perderá el apoyo de la patronal y si no los acepta corre el riesgo de que su real decreto decaiga y todo el trabajo debería comenzar de nuevo. Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos trabajan para conseguir el respaldo parlamentario que necesitan. Ahí jugarán sus cartas los grupos nacionalistas catalanes y vascos, los grupos minoritarios, Ciudadanos e incluso el PP.

 

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha mostrado tajante estos días y se cierra a introducir modificaciones "se tiene que aprobar tal y como se ha aprobado por los agentes sociales (...) no estamos ante una norma al uso", afirma. Pero no lo tienen fácil pues el Ejecutivo necesita los votos de ERC, PNV, Bildu, etc para llegar a la necesaria mayoría absoluta". 

 

Este miércoles, el portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, afirmaba que su formación está aún muy lejos del acuerdo y que no darán "un cheque en blanco" al Gobierno. Para el líder catalán, el acuerdo que llega al Congreso se queda muy lejos de los compromisos de investidura del propio Sánchez y por ello quieren tener la posibilidad de "mejorar" la reforma de las leyes laborales. "Nuestro papel es intentar mejorar toda la agenda legislativa y eso incluso uno de los dos grandes compromisos, conjuntamente con la Ley Mordaza, como es la reforma laboral. Simplemente queremos que se acerque a aquello que prometieron que es una derogación de lo que hizo el PP", dice el parlamentario del grupo independentista. No obstante, ERC no será de las formaciones que más trabas ponga al Gobierno pues su relación con los sindicatos, sobre todo con UGT es en Cataluña muy estrecha y saben que el acuerdo viene con el aval de este sindicato. Esto puede hacer más flexible su postura.

 

El caso de los partidos vascos en más complicado. Tanto PNV como Bildu exigen que se incorpore a la reforma laboral la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales en caso de que éstos sean más favorables. Así se lo piden los sindicatos mayoritarios en el País Vasco, ELA y LAB que no participaron en la mesa de negociación con el Gobierno y con la patronal. Precisamente esta semana, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza denunciaba que la reforma se había quedado "en solo unas ligerísimas mejoras" y que de quedar así solo serviría para "consolidar" los cambios que trajo el Partido Popular. 

 

El Gobierno tiene otra opción que es la vía de Ciudadanos, que no es del agrado de uno de los socios de Moncloa, Unidas Podemos. Los de Inés Arrimadas expresaban esta semana su intención de dar sus votos para la convalidación del decreto ley si con ello evitaban que el Ejecutivo de Sánchez tuviera que acceder a introducir las peticiones de sus habituales socios. El portavoz parlamentario del grupo naranja, Edmundo Bal, afirma que "entendemos la política como política útil y hay que defender la reforma laboral, a pesar de que no nos gusta". El dirigente de Ciudadanos, añade, no obstante, que nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con ellos y que solo lo harán cuando fracasen las negociaciones que llevan a cabo con catalanes y vascos. 

 

El Partido Popular se ha mostrado contrario desde el minuto 1 a la reforma pues considera que acaba con las medidas que implantó el Gobierno de Mariano Rajoy en el 2012. Los conservadores defienden que la buena marcha del mercado laboral del último año se debe en gran parte a la legislación que dejaron aprobada que dota al mercado de trabajo de flexibilidad. Pero, además, no van a desaprovechar la oportunidad para alargar el máximo posible la debilidad del Gobierno ante sus socios en este tema y no se descarta que opten por sumar sus votos para que se tramite como proyecto de ley. Así tendrían una arma más para atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

 

En cuanto a las medidas que los partidos quieren introducir en la reforma laboral, destacan cuatro aspectos: las indemnizaciones por despido que no se han tocado; el salario de tramitación; la prevalencia de los convenios autonómicos y los mecanismos de la Administración para controlar los ERE de las empresas que despiden después de recibir cuantiosas ayudas públicas". 

 

Los socios parlamentarios van de la mano en esta batalla. Tanto Félix Bolaños como Yolanda Díaz ya han tenido encuentros con representantes de otros grupos parlamentarios y, de momento, han explicado con todo detalle todos los pormenores de la reforma laboral. Ambos buscan que la tramitación sea sin tocar ni una coma el texto, pero la posición de Podemos es mucho más flexible que la de los socialistas. Éstos se han volcado en defender este importante acuerdo, que, por otra parte, fue demandado desde las instituciones europeas para poder acceder a los fondos de recuperación. Esta defensa va más allá del Congreso de los Diputados y la secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública del PSOE, Llanos Castellanos, anunciaba esta semana que su partido iba a presentar mociones en ayuntamientos y parlamentos regionales para respaldar la reforma. 

 

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