Rusia ha enviado un contingente de las fuerzas de mantenimiento de paz para acabar con las violentas protestas que ocurren en Kazajistán, en las que decenas de manifestantes han fallecido y hay miles de detenidos. El apoyo internacional responde a la petición de ayuda del presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, a los miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC). Este viernes el Gobierno ha ordenado a las fuerzas de seguridad "dispar a matar" como respuesta a la violencia que se vive en las calles de todo el territorio.
Ante la escalada de violencia en las protestas que suceden durante los últimos días en Kazajistán, Vladímir Putin, el presidente de Rusia, ha decidido enviar un grupo de paracaidistas militares con el objetivo de sofocar las revueltas. Las protestas comenzaron el pasado 2 de enero por la subida del precio del gas licuado, que ha doblado su precio, pero rápidamente se han convertido en manifestaciones políticas. Los manifestantes exigen el fin del "régimen de Nazabáyev", el expresidente del país al que se acusa de mantenerse en el poder a la sombra del actual líder, Kassym-Jomart Tokayev.
El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y actual presidente del Consejo de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC), la alianza militar que agrupa a seis antiguas repúblicas soviéticas, ya había anunciado el envío de tropas al territorio tras la petición de ayuda del presidente. El Gobierno kazajo ha decretado el estado de emergencia en todo el territorio.
El presidente Tokayev ha ordenado a las fuerzas de seguridad a través de un discurso ante la nación pronunciado este viernes que "disparen a matar" a aquellos "bandidos" que se resistan a la autoridad. "Di la orden a los órganos de la policía y el Ejército de disparar a matar sin previo aviso" ha dicho.
"Di la orden a los órganos de la policía y el Ejército de disparar a matar sin previo aviso"
Al menos 26 personas han perdido la vida a manos de las fuerzas policiales en la principal ciudad del país, Almaty, en la que el Gobierno lleva a cabo una "operación antiterrorista". 18 agentes de policía han muerto durante los enfrentamientos y hay 78 heridos. La Fiscalía General ha abierto casos penales por "organización y participación en los disturbios masivos" y una investigación "por un acto de terrorismo". El Ministerio del Interior cifra el número de detenidos en más de 2.000, que podrían enfrentarse a penas que van desde los 8 años de cárcel hasta la cadena perpetua con privación de ciudadanía.
La Unión Europea se mantiene alerta respecto a la situación. El Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, ha manifestado que Bruselas espera "que la presencia de fuerzas internacionales no socave la independencia de Kazajistán" y que vigilan "con cautela" la evolución de la situación. El jefe de la diplomacia europea ha pedido además que las autoridades moderen su reacción a las protestas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, también ha pedido a las autoridades que busquen una "resolución pacífica".