Un año después del asalto al Capitolio estadounidense, la investigación en la Cámara de Representantes para esclarecer lo sucedido sigue abierta. Los demócratas continúan recopilando pruebas para evidenciar las nulas intenciones del expresidente por frenar unas propuestas que él mismo había alentado en un discurso previo a las puertas de la Casa Blanca. Por su parte, la mayoría de los republicanos centran el debate en las acusaciones de fraude electoral para justificar la situación. 

 

Una de las pocas disidentes de Trump, la vicepresidenta de la comisión Liz Cheney, dijo recientemente que "podemos ser leales a Donald Trump o podemos ser leales a la Constitución, pero no podemos serlo a ambos y ahora mismo hay demasiados republicanos que están tratando de ayudar al expresidente". La postura de Cheney es minoritaria entre los republicanos, que tratan de restar importancia a lo ocurrido y niegan la implicación del expresidente. 

 

Los votantes del partido también continúan defendiendo al expresidente. Un 70% de ellos cree que Trump tuvo poco o nada que ver con aquello frente a un 92% de demócratas que lo acusan directamente. Un 62% de los republicanos también mantiene que hay evidencias de que se produjo fraude electoral en las elecciones del pasado 3 de noviembre. 

 

Desde el inicio de las investigaciones, más de 725 personas han sido acusadas por el Departamento de Justicia por su implicación en los hechos, entre los que se encuentran integrantes de grupos radicales y armados como Proud Boys u Oath Keepers. A la mayoría de ellos se les acusa de entrar de manera ilegal en un lugar restringido y 225 se enfrentan a cargos de agresión o resistencia a la autoridad. Unas 165 personas ya han sido declaradas culpables de al menos uno de los cargos, 70 de ellas han sido condenadas y 31 han ingresado en prisión.