El Ejecutivo logra finalmente el sí de los sindicatos y empresarios, tras nueve meses de negociaciones entre los grupos, y supondrá un giro al mercado de trabajo de nuestro país. Han cumplido el objetivo que les exigía Bruselas de tener lista la reforma antes de final de año.
Dentro de las medidas que se han acatado en este nuevo documento se encuentran el desafío al problema de la temporalidad o en requilibrio de la negociación colectiva, entre otras, con grandes diferencias con la anterior reforma de 2012 del Partido Popular
Las negociaciones han sido largas y se han acelerado estos últimos días con el fin de cumplir los plazos marcados. Finalmente, la CEOE ha aceptado con algunas discrepancias, mientras que UGT y CCOO han accedido de manera unánime. El Gobierno llevará la reforma laboral al Consejo de Ministros del martes 28 de diciembre, para poder aprobarla antes de la finalización del año.
“Todas las partes presentes en la mesa de diálogo social han negociado sin escatimar en esfuerzos para llegar a una respuesta conjunta que permitiese dotar las relaciones laborales de un nuevo marco jurídicamente seguro, avanzado, que nos aproxima a Europa y con vocación de perdurar en el tiempo y de continuar trabajando para mejorar nuestro país", ha señalado Yolanda Díaz, ministra de trabajo y vicepresidenta segunda.
El nuevo texto expresa que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que sólo podrán hacerse dos tipos de contratos temporales: el estructural y el formativo. Los diferentes grupos también han accedido a disminuir a 18 en un periodo de 24 meses el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido, frente a la relación 24-30 que existe actualmente. Si se quebrantan las normas que regulan la contratación temporal, el empleado será considerado indefinido.
Esta modificación entraba dentro del Plan de Recuperación del Gobierno y reforma varios aspectos claves como la alta temporalidad existente en el país, modificando la contratación y la negociación colectiva.
La nueva legislación laboral incentivará el contrato fijo discontinuo para la realización de trabajos de naturaleza estacional o actividades de temporada. El texto contempla la derogación de la disposición adicional decimosexta del Estatuto de los Trabajadores que permitía la posibilidad de acometer despidos objetivos y despidos colectivos en el ámbito de las Administraciones Públicas.
Se recupera el equilibrio en la negociación colectiva, reclamado por los sindicatos, que provocará que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo, frente al plazo de un año establecido anteriormente. El convenio sectorial recupera el predominio frente al de la empresa en materia salarial.
Los ERTE adquirirán un carácter permanente y serán de dos tipos, uno cíclico, de una duración de un año, cuando sea la coyuntura económica la que determine adoptar estos instrumentos de estabilización y el otro, estructural, cuando en un sector haya transformaciones que requieran recalificaciones y transiciones profesionales, de un año de duración con opción a dos prórrogas de seis meses cada una.