El Senado ha aprobado la ley de interinos, que pretende reducir la temporalidad en el empleo público. La aplicación de esta norma supondrá que todos los puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma ininterrumpida por contratos temporales se ofertarán mediante un proceso de concurso-oposición para su estabilización. La ley cumple con el compromiso adquirido por el Gobierno de Sánchez con la UE a través de las reformas presentadas en el Plan de Recuperación, así como con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Supremo.
El Proyecto de Ley para reducir la temporalidad en el empleo público, que ofertará los puestos de trabajo en la Administración que lleven al menos cinco años ocupados de forma temporal, ha recibido luz verde en el Senado. La norma finaliza así su tramitación ante las Cámaras y está lista para comenzar a ser aplicada. Su objetivo es reducir la temporalidad del Conjunto de las Administraciones por debajo del 8%.
La promulgación de esta ley cumple con el compromiso que el Gobierno adquirió con la Unión Europea mediante las reformas que contiene el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pese a que actualmente la ratio de temporalidad en la Administración General del Estado sí se encuentra por debajo del 8%, no sucede así en otros ámbitos territoriales. La aplicación de la norma también supondrá el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Supremo.
El texto normativo ha sido elaborado en colaboración con los representantes de los trabajadores del sector público y con los diferentes niveles de la Administración, y posteriormente ha sido debatido en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
La nueva ley tiene como objetivo reducir la temporalidad del Conjunto de las Administraciones por debajo del 8%
Según indica la ley, las Administraciones Públicas deberán ofertar antes del 1 de junio de 2022 las plazas de trabajadores temporales que están actualmente ocupadas. Los procesos de selección finalizarán antes del final del año 2024. Las plazas se ofertarán mediante un proceso de concurso-oposición en el que las Administraciones podrán adaptar el temario y el tipo de pruebas según consideren apropiado.
Uno de los principales puntos de la norma es que las plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de manera ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 se convocarán por el sistema de concurso de manera excepcional. Esto significa que las plazas estructurales de la Administración que lleven al menos cinco años ocupadas de forma interina, así como las ocupadas por personas interinas que lleven más de cinco años empleadas en la Administración se convocarán a través de este proceso extraordinario para ser estabilizadas.
El personal interino que no supere este proceso selectivo podrá solicitar una indemnización de veinte días por año trabajado durante un máximo de un año y se incorporará a una bolsa de empleo específica.
El Gobierno, en su compromiso con reforzar la calidad del empleo público y los servicios estatales, además de impulsar esta ley ha aprobado recientemente una Oferta de Empleo Público extraordinaria para reforzar el Servicio Público de Empleo Estatal. En total se ofertarán 926 plazas adicionales, que representa un impulso de más de un 10% a su plantilla. El pasado mes de julio, el Ejecutivo dio luz verde a la mayor Oferta de Empleo Público de la historia, con un total de 30.445 nuevos puestos.