El Servicio Madrileño de Salud condenado por denegar el tratamiento a una mujer solicitante de asilo que padecía leucemia

El Ejecutivo regional argumentó que se trataba de un caso de “turismo sanitario”, aportando fechas incorrectas sobre el inicio del tratamiento de la joven de 21 años.

El Servicio Madrileño de Salud condenado por denegar el tratamiento a una mujer solicitante de asilo que padecía leucemia

El Ejecutivo regional argumentó que se trataba de un caso de “turismo sanitario”, aportando fechas incorrectas sobre el inicio del tratamiento de la joven de 21 años.

El juzgado de lo Social número 23 de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS) por interrumpir durante dos meses y medio el tratamiento contra la leucemia, a una mujer hondureña que había solicitado el asilo, al darla de baja en el sistema sanitario.

 

La joven de 21 años sufría desde la infancia leucemia aguda y ya había sido tratada en su país natal, de hecho, se creía recuperada. El 13 de noviembre de 2019, cinco días después de su llegada a España, la mujer acudió a urgencias del Hospital Gregorio Marañón por encontrarse mal, fue ahí donde la diagnosticaron una recaída y de nuevo, comenzó con el tratamiento de quimioterapia. 

 

El tratamiento se mantuvo hasta el día 23 de diciembre, cuando el personal sanitario dio el alta a la paciente para que descansara y así poder continuar el tratamiento a inicios de 2020. Fue entonces, cuando el 8 de enero, un día después de haber realizado la solicitud de asilo, “se le comunicó que no podía ser atendida porque sus datos ya no aparecían en el sistema informático", sostiene la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Del mismo modo volvió a intentarlo el 12 de febrero, y de nuevo se le comunicó que no podía ser atendida.

 

Tras las negativas, la paciente decidió, gracias al apoyo del colectivo Yo Sí, presentar una carta al Ministerio de Sanidad y de Consumo para que le brindara la ayuda que por ley le correspondía. También presentó una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que aceptó su solicitud e instó al SERMAS a proporcionar “el tratamiento médico que precisa de forma inmediata". En marzo de 2020, pudo ser atendida.

 

Trabas burocráticas, administrativas y facturas en urgencias. Las dificultades de acceso a la sanidad de las personas migrantes

La mujer demandó al SERMAS y solicitó que se la indemnizase por daños y perjuicios morales con 20.000 euros. La Comunidad de Madrid, aseguró que el suyo se trataba de un caso de turismo sanitario “porque vino el día 8 a España y el 9 ya estaba en un hospital en tratamiento", datos completamente erróneos. El Gobierno aceptó nueve meses más tarde su solicitud de asilo, por lo que se confirmó las razones para huir de su país. 

 

En el auto, el magistrado, tal y como ha informado elDiario.es, ha asegurado que “el derecho de la demandante a la asistencia sanitaria desde el día 7 de enero de 2020", día en que tramitó su solicitud de asilo. Juan Rubiño, el abogado de la damnificada, de la red jurídica de Yo Sí Sanidad Universal, en declaraciones para el medio anteriormente citado, ha asegurado que la sentencia "abre un camino y sienta un precedente para, si se demuestran los daños tanto morales como los daños a la salud, poder iniciar una reclamación contra la administración". Tristemente, la mujer hondureña que inició esta lucha para que se reconocieran sus derechos no ha podido conocer la sentencia, falleció a los 22 años de edad. 

 

Ayer, jueves, tuvo lugar una concentración frente al Centro de Salud Paseo Imperial de la Comunidad de Madrid, donde se encuentra una de las llamadas unidades de tramitación. Aquí es donde se gestionan los documentos sanitarios de las personas inmigrantes en situación irregular. 

 

Y es que el caso de la denunciante hondureña no es el único caso de trabas administrativas para acceder al SERMAS, pese a que la OMS haya instado a todas las autoridades a eliminar “todas las barreras” que tienen que sortear las personas sin documentación o solicitantes de asilo. Una de las barreras que se encuentran estas personas, son las facturas en urgencias, que desde Médicos del Mundo, aseguran que tiene un “efecto disuasorio”, desde la ONG, hasta octubre del pasado año se notificaron 27 casos de facturación en urgencias. 

 

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