Uno de los abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cree que el Mecanismo sobre el Estado de Derecho, una norma que permite congelar los fondos europeos a los países que no respeten los valores de la UE, se adecúa a la legislación europea y podría aplicarse. El dictamen responde a los recursos presentados por Hungría y Polonia que defienden que la normativa es arbitraria y no tiene base jurídica. A pesar de que actualmente la ley podría aplicarse a cualquiera de estos países, la Comisión sigue esperando la sentencia final del Tribunal antes de iniciar ningún procedimiento en virtud de este mecanismo. Si finalmente la Corte desestima los recursos, la Comisión podría paralizar el desembolso de los fondos europeos.
Hungría y Polonia se enfrentan a su primer revés en el pulso jurídico que mantienen con la Unión Europea respecto a la validez del mecanismo de condicionalidad que permitiría congelar los fondos europeos. Uno de los abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que la nueva norma, que condiciona el desembolso de las subvenciones al respeto al Estado de derecho, sí respeta la legislación europea y fue adoptado "sobre una base jurídica adecuada".
Aunque el dictamen del abogado encargado del caso, el español Manuel Campos Sánchez-Bordona, no es vinculante, sí tiene como objetivo guiar y recomendar al Tribunal y suele marcar la línea de la resolución final en la mayoría de los casos. La sentencia definitiva del Tribunal no se conocerá hasta los primeros meses de 2022.
El abogado considera que los recursos presentados por Hungría y Polonia sustentados en la similitud del mecanismo de condicionalidad con otro mecanismo sancionador previsto en el Artículo 7 del Tratado Fundacional de la UE deberían ser desestimados por el Tribunal. A ojos de Campos Sánchez-Bordona, "el reglamento no pretende proteger el Estado de derecho mediante un mecanismo sancionador, sino que establece un instrumento de condicionalidad financiera para preservar este valor de la Unión".
"El reglamento no pretende proteger el Estado de derecho mediante un mecanismo sancionador, sino que establece un instrumento de condicionalidad financiera para preservar este valor de la Unión"
El Mecanismo sobre el Estado de Derecho fue creado durante la negociación presupuestaria en el marco de la creación de los Fondos de Recuperación con el rechazo de Budapest y Varsovia. La norma, que permite congelar el recibo de fondos europeos si un país no respeta las normas comunitarias, entró finalmente en el ordenamiento jurídico el 1 de enero de 2021, cuando Hungría y Polonia se vieron obligados a levantar el bloqueo para que el presupuesto europeo pudiera salir adelante, pero sus gobiernos prometieron llevar la norma ante el Tribunal de Luxemburgo.
Una decena de Estados miembros (entre ellos España, Francia y Alemania) defienden la normativa y han pedido activar ya el mecanismo contra estos dos países, pero la Comisión Europea prometió no hacerlo hasta conocer el fallo final del Tribunal.
Por el momento, solo el gobierno húngaro se ha pronunciado sobre la opinión del abogado. "Nunca nos hemos opuesto a que exista un control estricto sobre el sistema de distribución de los fondos de la UE. Siempre hemos apoyado que las instituciones de la UE tengan derecho a investigar" ha asegurado Gergely Gulyás , jefe del gabinete de ministros húngaro, "pero nos oponemos a las acusaciones infundadas".
Por su parte, la ministra de Justicia, Judit Varga , mantiene su opinión de que "el mecanismo elude los tratados e infringe los requisitos básicos del Estado de derecho" y ha querido recordar a través de su cuenta de Twitter que "solo se ha publicado una opinión, no el juicio".