El pasado lunes un incendio en una infravivienda en Barcelona segaba la vida de una familia entera. Shaky, Violeta, Arsalan y Zara eran sus nombres. Arsalan y Zhara eran menores, de tres años y cuatro meses de edad. La terrible tragedia ha destapado otra desgracia: Habían pagado 700 euros a una mafia para poder vivir en ese local junto con otras cuatro personas.
Cuando un suceso tan trágico como este ocurre, es frecuente situar entre las víctimas y el resto de la sociedad una distancia abismal. La razón es simple, un enorme espacio facilita ver la tragedia como algo completamente ajeno. Pero Arsalan estaba escolarizado, era el compañero de clase del hijo de alguien, ¿cómo explicar esto a un niño? Son tantas las preguntas y realmente tan poca la distancia de separación que aterra. “Había una buena implicación de los padres en el cuidado de los niños, no había indicadores de riesgo”, ha asegurado la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laura Pérez.
De la historia de esta familia asombran los minuciosos detalles de su vida que servicios sociales, vecinos, familia y amigos de la misma han sido capaces de proporcionar. Se sabe que Shaky se dedicaba a recoger chatarra, que esta ocupación le reportaba en torno a 50 euros de ingresos diarios. También se conoce que Violeta se dedicaba a las labores del hogar, que el Arsalan estaba escolarizado y el centro educativo al que iba. Se conoce la vida de Violeta, y la de Shaky, cuando llegaron a España, donde vivieron, cuanto pagaron para poder vivir ahí… No eran personas ajenas al mundo, su historia es la de muchos.
El Ayuntamiento de Barcelona tiene localizadas a 865 personas que viven en condiciones similares a la familia de Violeta y Shaky. De todas estas personas, 481 viven en locales ocupados como el del número 20 de la plaza Tetuán de Barcelona, propiedad del Banco Evo. De ese casi medio millar de personas, al menos 156 son menores de edad. A estos hay que sumar los habitantes de los 86 asentamientos de la ciudad, que alcanzan los 384, de los cuales 53 son niños.
Tras conocerse la noticia, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acudido a la plaza de la ciudad condal donde ha ocurrido el fatal desenlace, ahí ha reconocido que “se trata de una problemática general que existe en la ciudad, con varias sucursales bancarias donde la propiedad, tras abandonarlas, se desentiende por completo". También ha enfatizado en la labor que los servicios sociales habían realizado con la familia, que habían acudido de media seis veces al mes. "Desde la administración nos habíamos interesado por la situación porque había dos niños pequeños y se había contactado para ofrecer ayudas de comida, seguimiento de la escolarización del niño mayor y seguimiento médico", ha asegurado.
El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, también ha acudido al lugar de los hechos. “Vivian en unas condiciones inaceptables y eso nos interpela como Gobern” ha asegurado. En la misma línea Colau ha remarcado que “es evidente que el local no era una vivienda y no tenía las condiciones mínimas”.
"La privación de vivienda, el vivir en condiciones inadecuadas y de hacinamiento, el riesgo de desahucio es la realidad cotidiana de la mayoría de los niños y niñas que se enfrentan a la pobreza en Europa"
La causa del incendio todavía está investigándose, el Cónsul General de Pakistán apuntó a que se debiera a un fallo en la calefacción del local, los mossos, sin embargo, han descartado esta hipótesis.
La pobreza muestra su cara más dura en sucesos como este, pero sería un atrevimiento pensar que se limita a un suceso concreto. Según el último informe de la organización Save The Children, España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil, con un 31, 3%. Solo nos adelantan Rumanía y Bulgaria en este aspecto. Desde la organización autora del informe ‘Garantizar el futuro de los niños y niñas: cómo acabar con la pobreza infantil y la exclusión social en Europa’, constatan que los menores que crecen en “familias monomarentales o numerosas, de origen migrante, con discapacidad, pertenecientes a una minoría étnica y de zonas rurales o desfavorecidas” son los más afectados por la pobreza.
Los datos que la ONG recoge, retratan las circunstancias de esta familia. “La falta de acceso a la educación, la asistencia sanitaria o una vivienda adecuada puede tener consecuencias sanitarias, sociales y de desarrollo adversas a lo largo de la vida de los niños y niñas”, apunta Save the Children. En materia de vivienda de nuevo la organización lanza un mensaje muy claro, “la privación de vivienda, el vivir en condiciones inadecuadas y de hacinamiento, el riesgo de desahucio es la realidad cotidiana de la mayoría de los niños y niñas que se enfrentan a la pobreza en Europa”. A nuestro país el informe le saca los colores en materia de vivienda social, “en España apenas existe vivienda social, siendo el porcentaje sobre el parque total uno de los más bajos a nivel europeo”, apuntan.
Save the Children también pone especial énfasis en desmentir el mito de que el empleo sea una garantía de que los menores no crecerán en un entorno de pobreza, “cerca de un 40% de los niños y niñas en riesgo de pobreza proceden de familias con empleo”. De nuevo, otra vez ahí está, esa distancia infranqueable que cada vez es más corta. Ahí sigue, recordando que aquel niño era amigo del hijo de alguien, que aquellos padres eran familiares de otros y que todos ellos, tal vez fueran mis vecinos.