El Juez Salvador Alba ve ratificada su condena a seis años y medio de cárcel por sus ataques a su compañera Victoria Rosell

El Tribunal Supremo ratifica la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de septiembre de 2019 y desestima el recurso de casación presentado en defensa de Alba. El alto tribunal considera probado que el magistrado intentó menoscabar la imagen de la jueza Victoria Rosell.

El Juez Salvador Alba ve ratificada su condena a seis años y medio de cárcel por sus ataques a su compañera Victoria Rosell

El Tribunal Supremo ratifica la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de septiembre de 2019 y desestima el recurso de casación presentado en defensa de Alba. El alto tribunal considera probado que el magistrado intentó menoscabar la imagen de la jueza Victoria Rosell.

Salvador Alba se enfrenta a una pena de cárcel de seis años y medio y a una inhabilitación especial para el cargo público de juez o magistrado de 18 años. A esta condena hay que sumarle la multa de 12.000 euros que el ex magistrado deberá pagar, además de la indemnización de 60.000 euros a Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Los hechos por los que se le condenan se remontan al año 2006.

 

El Supremo considera probado que Salvador Alba se reunió en el año 2006 con Miguel Ángel Ramírez, un empresario al investigaba por fraude fiscal, con la intención de poder sustraerle información que comprometieran a la jueza Victoria Rosell, a la cual estaba sustituyendo en el Juzgado de Instrucción Nº8 de Las Palmas de Gran Canarias. Todo ello con la finalidad de menoscabar su imagen y entorpecer su carrera judicial y política dentro de la formación morada.

 

En la reunión que mantuvo con Miguel Ángel Ramírez, por entonces presidente de Seguridad Integral Canaria, Alba se comprometió a archivar su procedimiento por delitos contra la Hacienda Pública, a cambio de información que pudiera perjudicar a la carrera profesional y política de Rosell. El Supremo ha definido esta reunión como un “acuerdo corrupto”, y ha considerado que el exmagistrado sea procesado por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial.

 

Es necesario recordar que la magistrada tuvo que renunciar a la Diputación Permanente del Congreso, tras ratificar el Tribunal Supremo la querella que José Manuel Soria, ex ministro de Industria y Energía por el Partido Popular, había presentado contra Rosell fundada en un informe falso elaborado por el actual condenado, Salvador Alba.

 

Alba se reunió en el año 2006 con Miguel Ángel Ramírez, un empresario al investigaba por fraude fiscal, con la intención de poder sustraerle información que comprometieran a la jueza Rosell

Entre los argumentos que Alba exponía en su recurso, denunciaba una supuesta vulneración de su derecho a la presunción de inocencia al haberse aceptado como una prueba de cargo una grabación realizada por el expresidente de Seguridad Integral Canaria durante la reunión que mantuvieron. El Supremo, por su parte, ha desestimado su posición afirmando que “no se aprecia vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías ni del derecho a la presunción de inocencia".

 

Sin embargo, ni Rosell y ni Podemos quedan satisfechos con la condena marcada por la Corte. Han solicitado que se aumentara la pena de prisión a los 10 años, considerando que los informes remitidos al Consejo General del Poder Judicial deberían ser considerados como delito de falsedad documental. Para la Sala, "los juicios, pareceres o impresiones -recogidos en dichos informes- pueden ser acertados o erróneos, compartibles o rechazables, pero no admiten la calificación de ciertos o falsos", ha argumentado. 

 

También la abogada de Rosell y Podemos ha solicitado que se añadiera a la condena el delito de revelación de secretos, pues entiende que hay “pruebas suficientes” como para suponer que Salvador Alba facilitó al redactor de la querella, presentada por el exministro, la información conseguida por el empresario investigado. Esta petición ha sido también denegada por el Supremo. 

 

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