De madrugada y sin acuerdo, así acababan la madrugada del pasado lunes las negociaciones entre la patronal Federación de Empresas del Metal de Cádiz (FEMCA) y los sindicatos, que se habían extendido por más de cinco horas, el único compromiso: volver a reunirse mañana miércoles.
De esta forma la huelga entra en su octavo día, a la que hoy se espera que se añadan los alumnos a partir de tercero de secundaria de la Bahía de Cádiz, que están llamados a no ir a clase. Antonio Montoro, secretario general de UGT FICA Cádiz, ha mostrado su “frustración” en una entrevista a Canal Sur Radio, y ha lamentado que desde FEMCA, “no se ha movido en sus posiciones desde su última oferta".
Antes de comenzar la negociación, Diego Chaves, presidente de la patronal metalúrgica, ha asegurado que su expectativa era poder “llegar a un acuerdo rápido”. Chaves en la videoconferencia de prensa previa a la negociación, se ha referido a una merma de los ingresos, sin referirse a pérdidas, “¿cuánto hemos perdido? No es ya lo que se ha perdido sino lo que no se ha ganado. Los estudios lo dirán a toro pasado”. Tras el encuentro, desde la Federación de Empresas no han comunicado ninguna información.
Como telón de fondo está Cádiz, la segunda provincia de España con mayor tasa de paro, con un 23,16%, superando por un 8,59% la media nacional; y un Convenio Colectivo en el sector del metal con los días contados que hay que renovar. También hay dos proyectos enfrentados, el de la patronal y el de los sindicatos, que apuesta por ‘vincular’ los salarios a la subida del IPC interanual, con aumentos del 2% en 2021, 2,5% para 2022 y alcanzar el 3% en 2023 (el Índice de Precios de Consumo se ha disparado al 5,4%, por el aumento de los costes de la electricidad y gasolinas).
Para FEMCA, la propuesta de los sindicatos supondría “la desaparición de la industria gaditana, que tendría que competir con la de otras provincias que parten de una situación más ventajosa". La patronal propuso un plan inicial que posteriormente mejoró, en el último se recogen subidas salariales de 2%, otro 2% en 2022 y concluir en 2023 con, de nuevo, un 2%, dejando la puerta abierta para que en ese último ejercicio se revisaran y actualizaran los precios respecto al IPC, de modo que los trabajadores podrían recuperar dentro de dos años el poder adquisitivo perdido.
la huelga entra en su octavo día, a la que hoy se espera que se añadan los alumnos a partir de tercero de secundaria de la Bahía de Cádiz, que están llamados a no ir a clase.
Los sindicatos se han negado, la razón: el 75% de los empleos del sector metalúrgico de la provincia son de naturaleza eventual. Por ello, aceptar el proyecto planteado por la patronal supondría que tres de cada cuatro trabajadores de este sector gaditano nunca recuperaría el poder adquisitivo perdido con la desactualización de los salarios.
Femca tampoco ha dado su brazo a torcer, y ha contemplado como “inasumible” el coste que supondría la subida de la retribución presentada por los sindicatos. Según la Federación de Empresarios, no recuperarán el “músculo perdido” hasta 2023 o 2024, además de no considerar el proyecto sindical viable ante la tendencia alcista de los precios de electricidad y combustibles.
De este modo, los principales sindicatos (UGT FICA, Comisiones Obreras, así como la Coordinadora de Trabajadores del Metal) han convocado la octava jornada de huelga, en una situación de especial tensión social por la paralización de las negociaciones y el fuerte dispositivo policial que se ha movilizado a la ciudad de Cádiz para reprimir los piquetes.
Una de las imágenes que ha suscitado más controversia, ha sido el despliegue de una ‘Tanqueta’, como se conoce comúnmente a la BMR de las Unidades de Intervención Policial (UIP), una adaptación policial de la BMR de uso militar. El envío de este vehículo para dar soporte a los antidisturbios desplegados por la ciudad, ha despertado una oleada de voces críticas, como la del ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que en una entrevista en la cadena SER, ha afirmado que “en buena parte de las intervenciones de las UIP hay sesgo ideológico”.