La LCU pone en una posición predominante la mediación en la resolución de conflictos, este proceso según la nueva norma se realizará de forma externa a los procesos sancionadores, pero incluye excepciones, como son los casos de acoso, violencia de género, fraude universitario o destrucción de patrimonio. Es su régimen sancionador el que no ha gustado a algunas asociaciones de estudiantes como la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Estudiantes en Movimiento (EeM) o el Frente de Estudiantes (FdE), que han convocado concentraciones en más de una decena de ciudades a lo largo de toda España.
Durante la Comisión, el portavoz socialista, Roberto García Morís, ha afirmado que esta ley se trata de una norma que “apuesta claramente por el desarrollo de medidas alternativas de solución de los conflictos de la convivencia basadas en la mediación”. Desde las asociaciones, muestran su desacuerdo con esta norma, pues, según ellos, convierte en faltas graves o muy graves cualquier acción que el alumnado pueda llevar a cabo como acto de protesta, lo que dejaría al alumnado ajeno a esa vía de ‘mediación’.
Aunque es cierto que esta nueva norma blinda el derecho a la huelga y los ‘piquetes’, también contempla sanciones por “impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia de conocimiento”, lo cual ha levantado los recelos de estos grupos estudiantiles.
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También han estado en contra las derechas, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, han mostrado su rechazo a esta nueva norma, para la ‘popular’ María Jesús Moro, la LCU solo pretende “"llevar la intolerancia a los campus universitarios contra algunos". En la misma línea se ha mostrado Vox que en boca del diputado, Francisco José Contreras, la ley generará un “clima de intimidación ideológica contra profesores, alumnos u oradores cuando son de tendencia conservadora o españolista".