Félix Bolaños ha asegurado que la nueva ley de Memoria Democrática pone de plena vigencia la Ley de Amnistía de 1977 y. además, adecúa la legislación a los tratados internacionales. Esta declaración está en consonancia con la enmienda presentada por el Ejecutivo que señala que todas las leyes del Estado español “se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".
El Ministro de Presidencia ha reivindicado tanto el proceso de Transición en su conjunto como esa norma, “fue muy importante para la consolidación de la democracia. Quien la pidió fue la izquierda y consiguió que muchas personas que estaban en la cárcel por sus ideas, que no habían cometido ningún delito, salieran", ha asegurado. Además, ha admitido que cuando esta nueva ley entre en vigor, no va a haber ningún cambio en la situación jurídica en España, pues el Estatuto de Roma de 2002 seguirá estando en vigor, ha señalado en una entrevista en Onda Cero.
También ha asegurado que las dificultades para juzgar los crímenes del franquismo seguirán siendo las mismas, pues, al no ser esta nueva ley una ley orgánica, no va afectar a la legislación penal, por otro lado ha señalado que una legislación penal no permitiría aplicar “una norma de 2021” a “actuaciones que se realizaron en el año 70’ o 72’”.
Respecto al probable ‘no’ de ERC en el apoyo a esta norma, el ministro ha defendido el diálogo con Ciudadanos para lograr sumar votos para la Ley de Memoria Democrática, que pretende estudiar “supuestos de vulneración de derechos humanos a personas en su lucha por la consolidación de la democracia” durante el régimen totalitarista de Franco hasta la entrada en vigor de la Constitución, en 1978.
Aunque también ha anunciado la creación de comité de expertos para investigar posibles vulneraciones entre el 78’ y el 82’, pues muchos historiadores señalan que tras la entrada en vigor de la Carta Magna “"hubo un tiempo con inercias de la dictadura".