Este lunes, la oposición había organizado una Marcha Cívica por el Cambio en la isla de Cuba para protestar contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. Varios grupos de activistas y organizaciones internacionales han denunciado acciones de presión policial que han impedido a los ciudadanos acudir a las movilizaciones. Las autoridades, que no autorizaron la celebración de esta marcha, ya habían alertado a los organizadores de que se enfrentarían a consecuencias legales si continuaban alentando la participación en las protestas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha lamentado la estrategia del Gobierno para "silenciar" las voces de los ciudadanos y ha pedido a la comunidad internacional que condene estas acciones. La Administración estadounidense ya ha condenado las detenciones y acciones de intimidación y ha pedido la puesta en libertad de los activistas encarcelados.
Opositores, activistas y organizaciones internacionales denuncian un "masivo" despliegue policial en La Habana y numerosas detenciones por todo el país para impedir el desarrollo de las protestas contra el Gobierno convocadas para el pasado lunes 15 de noviembre. Las autoridades cubanas negaron hace semanas la autorización de estas movilizaciones y aseguraron que los organizadores se enfrentarían a represalias legales si continuaban adelante con ellas. El presidente, Miguel Díaz-Canel, aseguró que las protestas estaban financiadas por potencias extranjeras con intereses en la desestabilización de Cuba.
La plataforma opositora Archipiélago ha informado de arrestos y presiones contra los ciudadanos que iban a participar en la Marcha Cívica por el Cambio y ha calificado las acciones como "acoso policial e intimidación" que "las fuerzas represivas están ejerciendo sobre quienes declararon su decisión de participar en la marcha".
El grupo ha alertado además de las desapariciones de dos de sus moderadores: Adrián Nápoles Capote y Daniela Roja, con los que aseguran que ha sido imposible contactar recientemente. Otros ciudadanos que tenían intención de asistir a las movilizaciones se han topado con presiones a las puertas de sus casas para impedir su desplazamiento.
Hace unos días, el líder de la plataforma, Yunior García, se vio obligado a suspender una marcha en solitario que había planeado realizar por las calles de La Habana tras denunciar un "bloqueo cruel, ilegal e inhumano" por parte de los agentes del Estado. Más opositores, periodistas y activistas han sido arrestados en diferentes puntos del país, aunque según explica el medio cubano Radio Televisión Martí, la mayoría de ellos se han producido en la capital.
Pese a los intentos de socavar las protestas por parte del Gobierno, desde Amnistía Internacional han calificado la jornada de "exitosa" asegurando que "el miedo que tiene el Gobierno no deja más que una claridad: que hoy el Gobierno se siente amenazado por las expresiones ciudadanas".
"El régimen cubano debe aprovechar esta oportunidad para escuchar a su pueblo"
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha denunciado esta estrategia del Gobierno para limitar la libertad de expresión mediante "detenciones domiciliarias de los activistas, detenciones en la calle, amenazas y cortes de internet" y ha pedido a la comunidad internacional que condene la "represión" en la isla.
Estados Unidos ya se ha pronunciado sobre la situación acusando al Gobierno de emplear "tácticas de intimidación" para "silenciar" la voz de la ciudadanía en las protestas.
“El régimen cubano, como era de esperar, desplegó una serie de duras penas de prisión, detenciones esporádicas, tácticas de intimidación y actos de repudio, todo en un intento de silenciar la voz del pueblo cubano mientras clama por un cambio” recoge un comunicado firmado por el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan , que ha sido difundido por la Casa Blanca.
El documento hace referencia también a las marchas del pasado 11 de julio, unas "protestas históricas" que se saldaron con la detención de "cientos de manifestantes pacíficos" que reclamaban "tener más voz en el futuro de su país". Como ya ocurrió en aquella ocasión, Sullivan ha acusado al Gobierno de no respetar "los derechos civiles y políticos citados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ". Finalmente, el comunicado pide al régimen que "se abstenga de la violencia contra los manifestantes pacíficos" y "libere a todos los detenidos injustamente". "El régimen cubano debe aprovechar esta oportunidad para escuchar a su pueblo" concluye.
Por su parte, las autoridades cubanas han celebrado que las protestas hayan terminado como una "operación fallida" alimentada desde el extranjero. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, ha declarado que lo que el Gobierno estadounidense "esperaba que pasara hoy en Cuba" no ha ocurrido y ha lamentado "la apelación de funcionarios, portavoces y políticos de Estados Unidos a que la gente de Cuba haga cosas que no quiere hacer".