La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de Esperanza Aguirre por reducir las camas del Hospital Puerta de Hierro

La reducción de 135 plazas en mayo de 2008, ya estaba siendo investigada y contaba como única imputada a la que por aquel entonces fuera, directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, Elena De Mingo

La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de Esperanza Aguirre por reducir las camas del Hospital Puerta de Hierro

La reducción de 135 plazas en mayo de 2008, ya estaba siendo investigada y contaba como única imputada a la que por aquel entonces fuera, directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, Elena De Mingo

Anticorrupción ha solicitado que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, Esperanza Aguirre, sea investigada por la Orden de Cambio 44 de 28 de mayo de 2008, por la cual 135 habitaciones pasaron de ser dobles a ser individuales. El problema está en que dicha reducción no se realizó mediante ningún proceso administrativo y que este recorte de camas supuso una pérdida de 10 millones de euros para las arcas públicas madrileñas, pues la concesión no se vio modificada al disminuir el número de pacientes. Es decir, se dio dinero para algo que no se iba a efectuar. 

 

El procedimiento judicial comenzó en diciembre de 2020, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra De Mingo, por unas supuestas irregularidades en las obras de adjudicaciones del Hospital Puerta de Hierro. La magistrada Mónica Aguirre, vio indicios suficientes como para abrir la causa. Hasta ahora, y a la espera de que la jueza resuelva la solicitud de la Fiscalía, De Mingo es la única investigada, y durante su declaración argumentó que la medida era oportuna, además de que ella tan solo tramitó una propuesta de 2015, cuando ni ella ni Esperanza Aguirre estaban en la administración. 

 

Lo que ha levantado las alarmas ha sido la exposición de la propia Elena De Mingo, que aseguró que una decisión de tal magnitud no era de su competencia, señalando más arriba en el organigrama autonómico. 

 

 

La modificación del contrato de concesión de obra pública que hoy está en los tribunales, afectó a la licencia con la que la agrupación Hospital Majadahonda S.A., conformada por Dragados S. A., Bovis Lend Lease, S.A. y SUFI, S. A., operaban en el hospital Puerta de Hierro-Majadahonda.  Para avalar esta decisión, la Consejería de Sanidad, por aquel entonces dirigida por Juan José Güelmes, al que la Anticorrupción también ha solicitado su imputación, se escudó en una resolución de la Dirección General, dirigida por de De Mingo, para realizar aquella operación bajo “requerimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid”. 

 

La Fiscalía por su parte no ha encontrado ni rastro de aquella resolución, ni tampoco una orden expresa, ni si quiera algo por escrito. Por esa razón la pieza de Esperanza Aguirre es tan importante para conocer por qué no se reestableció “el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos” tal y como señalaba la Fiscalía.

 

 

Esta causa se suma a las ya abiertas tanto para Aguirre como para Güemes, que fueron imputados en 2019 por la Audiencia Nacional por el Caso Púnica.  Donde la cláusula del 1% para publicidad de las obras de construcción de 46 hospitales y centros de salud, dejaron un roto de 3,07 millones de euros para las arcas públicas madrileñas. Práctica que el magistrado definió como un “mecanismo para desviar fondos públicos a través del partido”.

 

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