El Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que se recogen medidas para limitar las demandas estratégicas contra la participación pública, que representan graves amenazas para los periodistas, las ONG y la sociedad civil en Europa. Estos pleitos se basan en acusaciones exageradas y a menudo abusivas, con el objetivo de intimidar, acosar y desacreditar profesionalmente a los demandados. El Parlamento ve esta práctica como una forma de silenciar a las voces críticas. 

 

El texto, que ha salido adelante con 444 votos a favor, 48 en contra y 75 abstenciones, recoge la preocupación de los eurodiputados sobre el efecto que estas demandas tienen sobre los valores de la Unión Europea, el mercado interior y el sistema judicial. Resalta también que el desequilibrio que se suele dar entre demandante y demandado impide la celebración de un juicio justo. La situación se agrava aún más cuando las demandas son financiadas, de forma directa o indirecta, por los presupuestos de los Estados, o cuando se unen a otras prácticas de censura contra medios de comunicación independientes y la sociedad civil. 

 

"Es nuestro deber proteger a los periodistas, ONG y organizaciones de la sociedad civil que informan sobre asuntos de interés público. Nuestros tribunales nunca deben ser un patio de recreo para personas adineradas, empresas o políticos poderosos, ni deben ser sobrecargados o abusados ​​para beneficio personal" ha declarado el eurodiputado alemán Tiemo Wölken, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. 

 

Para terminar con estos abusos, el Parlamento ha pedido a la Comisión que proponga una nueva legislación que incluya un marco normativo para la futura Ley sobre libertad de prensa, reglas uniformes sobre difamación, una directiva con estándares mínimos que proteja a las víctimas y sanciones para aquellos que hagan un mal uso de la vía judicial, facilitar la desestimación temprana de las causas, una formación adecuada de los jueces y abogados y finalmente la creación de un fondo para ayudar a las víctimas de estos juicios. 

 

Roberta Metsola, miembro del Grupo del Partido Popular Europeo, ha asegurado que el informe "marca un momento decisivo para el periodismo en la lucha contra las demandas abusivas. No hay lugar para el abuso de nuestros sistemas de justicia, ese es el mensaje que enviamos hoy".

 

La mencionada Ley europea de libertad de prensa será presentada por la Comisión Europea durante el próximo año, con la misión de defender la independencia y el pluralismo del periodismo.