Desde Bruselas se ha exigido a España que alargue el periodo que se emplea para calcular las pensiones para recibir los fondos de recuperación. Ha sido este miércoles cuando se ha publicado el Operational Agreement o contrato de implementación del plan de recuperación español suscrito por España y la Comisión Europea, por el que se fija para finales de 2022 la “entrada en vigor del ajuste del periodo de cómputo, alargándolo para el cálculo de la pensión de jubilación”.
El acuerdo constata la ampliación del periodo para el cálculo de las pensiones, además de incluir la necesidad de aumentar las bases máximas de cotización y, progresivamente, las pensiones máximas. También establece el compromiso con la sustitución del facto de sostenibilidad por el mecanismo de solidaridad intergeneracional, un nuevo mecanismo estudiado junto a los agentes sociales para garantizar la equidad en el tratamiento de las diferentes generaciones y que contará con una evaluación de impacto.
El acuerdo firmado con Bruselas se trata de un documento que la Comisión suele firmar cuando entrega fondos a los Estados miembros de la UE. En este tipo de escritos, figuran de forma específica los compromisos de las dos partes y su cumplimiento es necesario para que vayan llegando las ayudas económicas. En este caso son los casi 70.000 millones de euros en subvenciones, es decir, recursos a fondo perdido, para recuperarse del golpe que ha supuesto para la economía la pandemia del coronavirus. Así, este miércoles y contra el protocolo que normalmente se sigue, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen ha divulgado el documento en el que se exponen las reforman que se exigen a España y sus plazos.
Escrivá asegura que se trata de una "confusión"
Esta iniciativa europea ya se encontraba en el plan de recuperación gubernamental de finales del año pasado, que finalmente no se concretó en el documento que se remitió a Europa. De hecho, en los borradores que manejó el departamento que dirige José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, se detalló la posibilidad de aumentar de 25 años a 35 años el periodo de cómputo de las pensiones, con el objetivo de dotar de continuidad a la reforma de pensiones de 2011.
Al hilo de esto, Escrivá ha declarado que se trata de una "confusión", pues la ampliación que pide Bruselas es en realidad parte de los compromisos adquiridos por el Gobiberno. “No entiendo la polémica. A mí me parece una serpiente de verano que puso en marcha hace ya un año Pablo Iglesias y que va saliendo de vez en cuando”, ha señalado el ministro en declaraciones a RNE. Además, ha hecho referencia al Pacto de Toledo, que ya tenía en cuenta en el sistema de cómputo de las pensiones las nuevas realidades del mercado laboral y la existencia de “carreras más volátiles”, donde los últimos años de cotización no siempre son los más favorables para el trabajador.