De esta forma, PP y Vox han sido las únicas formaciones parlamentarias que se han opuesto a la la toma en consideración de la reforma. Las derechas explican como justificación a las enmiendas presentadas que la norma "propone criminalizar el derecho a la libertad de expresión o de reunión de personas que piensan y creen distinto a los proponentes" y busca "penalizar a estos voluntarios cuya función es informar y atender". Afirmar asimismmo que si en algún supuesto se dan acciones de acoso u hostigamiento, "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los órganos judiciales tienen capacidad suficiente para afrontar". También afirman que se trata de una norma "innecesaria", que supone  "una utilización sectaria de las instituciones" y que está "guiada por el espíritu de confrontación".

Una posible reforma del Código Penal ha surgido en el Congreso por vez primera con el objetivo de intentar poner fin a la obstaculización al derecho al aborto que llevan a cabo en diferentes ciudades españolas grupos provida situados durante horas en las inmediaciones de las clínicas concertadas que practican interrupciones de embarazo. Así, la iniciativa contempla penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes "coarten u hostiguen la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados, causando un menoscabo en su libertad o intimidad".

 

La actividad de los grupos antielección

Ha sido Vox quien ha especificado que el ejercicio de los grupos provida y ultracatólicos sirve para que las mujeres embarazadas "reciban mayor información" y así "asegurar un mayor conocimiento" del aborto. Sin embargo, la ley ya obliga a las administraciones a informar de que los folletos que se les dan a las puertas de las cínicas contienen información sesgada o falsa. Así, la ultraderecha afirma que con esta norma se "criminaliza" a estas organizaciones, lo que supone una "censura de las libertades de reunión, expresión e ideológica".

La norma que debatirá el Congreso busca, esencialmente, frenar la impunidad de las organizaciones contra el aborto que impulsan una serie de acciones en las inmediaciones de las clínicas de interrupción del embarazo para persuadir a las mujeres que ya han tomado la decisión para que no aborten. Se instalan ahí durante horas, exhibiendo pancartas antiaborto y rezando, llegando a increpar y amenazar a las mujeres que acuden a las clínicas concertadas. También les dan fetos de juguete o folletos con mensajes sesgados y culpabilizadores. En la clínica Dator, en Madrid, una de las más presionadas en la región, cada sábado una ambulancia se sitúa a las puertas para realizar ecografías a las mujeres y proporcionarles comida para calmarlas, con lo que consiguen disuadirlas, pues el aborot se debe practicar en ayunas. Cada vez que una mujer da marcha atrás y no entra en la clínica, estos grupos presumen de haber "salvado una vida".