El Ejecutivo reescribe la Ley Mordaza

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también llamada ‘Ley Mordaza’, ha estado en vigor desde marzo de 2015, cuando fue aprobada por el Partido Popular gracias a su mayoría absoluta

El Ejecutivo reescribe la Ley Mordaza

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también llamada ‘Ley Mordaza’, ha estado en vigor desde marzo de 2015, cuando fue aprobada por el Partido Popular gracias a su mayoría absoluta

Tras siete años de la aparición de esta norma, tres de los cuales con el Ejecutivo de coalición en el poder, parecen atisbarse los primeros pasos en la reforma de esta polémica ley, por lo menos en algunos de los puntos que más controversia han generado: las sanciones por concentraciones o manifestaciones no comunicadas, por tomar imágenes a los agentes de las fuerzas de seguridad, o las cada día más frecuentes ‘devoluciones en caliente’

 

La famosa ‘Ley Mordaza’, ideada por el Ministerio del Interior de Jorge Fernandez Díaz, actualmente procesado en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen, parece tener los días contados, al menos algunas de sus partes, lo cual sigue situando al ciudadano en una clara desprotección frente a situaciones de uso desproporcionado de la autoridad policial. 

 

Tal y como expuso el profesor de Derecho Constitucional, Joaquín Urías, al medio InfoLibre, esta norma ha dado a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad “un poder excesivo y una capacidad de amenazar que hay que quitarle cuanto antes", además considera que esta reforma no acaba con el quid de la ‘mordaza’ que es: “la facultad policial de ponerte una multa siempre que quiera”. 

 

Esta norma aumentó las sanciones por participar en manifestaciones y concentraciones no comunicadas, oscilando así las multas entre los 600 y los 600.000 euros, cuantías que se han usado como baremo para las penalizaciones por incumplir el estado de alarma, que finalmente fue declarado inconstitucional.  Por su parte el Defensor del Pueblo remarcó su “posición crítica sobre la idoneidad" en el uso de la ley mordaza en esta situación. 

 

 

De hecho, en relación con el estado de alarma, la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán, remarcó un crecimiento de las quejas por malos tratos y uso incorrecto de la ley por parte de los policías. Estos datos se traducen en 38 quejas por ‘malos tratos policiales’, frente a las 17 prepandemia, y 206 quejas por ‘trato incorrecto’ en 2020, más del doble de las 89 del 2019.

 

Ahora, tras tres años en el Gobierno y tras cuarenta prórrogas al plazo de proposición de enmiendas en la Mesa del Congreso, donde PSOE y Podemos tienen mayoría, se han empezado a conocer las primeras reformas que se plantean sobre la ‘Ley Mordaza’.

 

"Un poder excesivo y una capacidad de amenazar que hay que quitarle cuanto antes"

La primera de ellas, concierne al tiempo del que dispondrá la policía para la identificación en comisaría, este pasa de ser seis horas a dos, salvo “causa excepcional debidamente alegada y verificable".  

 

El segundo de los cambios que hasta ahora han trascendidos, viene a redefinir las sanciones, que pasarán a ser proporcionales a la renta y edad del sancionado, pudiendo sustituirse por trabajos para la comunidad, suprimiendo así la limitación actual que solo permite acceso a esta alternativa a menores de edad y una vez como máximo.

 

 

La tercera de las reformas que se plantean es la no obligatoriedad de informar de las manifestaciones que no sean “previsibles” como las del 1 de mayo. En estos casos, la no comunicación si acarreará una sanción. 

 

Otro de las remodelaciones de la Ley que el Ejecutivo ha planeado hace abarca la toma y difusión de imágenes de policías. En su origen, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en su artículo 36.23, contemplaba "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". El término “no autorizado” en este artículo, fue uno de los pocos contenidos que el Tribunal Constitucional, declaró inconstitucional. Ahora pasará a ser legal siempre y cuando no suponga un riesgo para la integridad del policía y de su familia.

 

 

Uno de los puntos más complejos ha sido el concerniente a las ‘devoluciones en caliente’ que los partidos de coalición han pactado dejar fuera de la reforma e introducirlo como una norma específica dentro de la Ley de Extranjería. Se zanja así uno de los principales escollos en la negociación de las reformas de la Ley Mordaza, pero de este modo no se paralizan, contra lo reclamado desde Unidas Podemos. 

 

La derogación tan sonada desde hace meses ha ido perdiendo fuerza a favor de la introducción de una serie de reformas, que desde asociaciones proderechos humanos tachan de insuficiente. 

 

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