Así, el nuevo texto incluye además a las personas trans con capacidad de gestar a las técnicas de reproducción asistida, pues la legislación no era homogénea en España. Es el caso de hombres trans que han rectificado la categoría sexo de su DNI al 'masculino', que sí podían acceder a este servicio mediante el sistema público, mientras que en otros lugares no.

La modificación de esta ley es una reivindicación que el colectivo LGTBIQ+ lleva exigiendo desde hace años, concretamente, desde que el Gobierno socialista anunciase la modificación con motivo del Orgullo de 2018, algo que anticipó la que fuera ministra de Sanidad, Carmen Montón, pero que tras la convocatoria de elecciones y la formación del nuevo Ejecutivo, nunca llegó a producirse. Sin embargo, ahora, tras la luz verde que ha obtenido la nueva legislación sanitaria, desde Igualdad celebran el paso dado explicando que se trata de una "muy buena noticia". También matizan que inicialmente se incluyó la medida en el borrador de la Ley LGTBI, aunque tras las negociaciones se incluyó como disposición adicional que instaba al Ministerio de Sanidad a aprobar la orden ministerial "en el plazo de seis meses".

 

Durante los siete años que la norma popular lleva en vigor, las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja han tenido que enfrentarse a tratamientos interrumpidos en la sanidad pública, así como elevados desembolsos de dinero en clínicas privadas. De hecho, muchas de las afectadas se han dirigido a los tribunales para reivindicar el escaso marco de acción que tenían de cara a poder ser madres, como es el caso de una pareja de mujeres lesbianas que acudieron a los tribunales superiores de justicia el pasado enero alegando una discriminación en la reproducción asistida.

 

Fuera de la legislación del PP

La norma impulsada y aprobada por el PP en noviembre de 2014 alteraba los requisitos para acceder a la RHA, reduciéndolos a problemas de fertilidad indispensables. Esto dejaba fuera a mujeres solteras, lesbianas o personas trans con capacidad de gestar. Así lo justificó la entonces ministra de Sanidad Ana Mato, explicando que "la falta de varón no es un problema médico". La redacción de la ley popular fijaba como requisito para que el Estado financiara el tratamiento la "ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal" y la "existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva".

 

Desde el momento de su aprobación, algunas comunidades como Andalucía, Extremadura o Euskadi decidieron no aplicarla, y otras fueron adaptando sus legislaciones. Sin embargo, al menos en Ceuta y Melilla sigue vigente dicha exclusión.