Unidas Podemos y PSOE han confirmado el cierre del acuerdo para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza'. Así, se sacarán del texto legislativo las referencias a las 'devoluciones en caliente' de migrantes, se reducirán considerablemente las multas, se permitirá la grabación de agentes de seguridad y se consentirán las manifestaciones sin previo comunicado que se realicen de manera pacífica.
Los nuevos puntos de la ley han sido anunciados por Enrique Santiago, diputado del grupo confederal y secretario de Estado para la Agenda 2030, explicando que fueron cerrados ayer en el marco de la derogación de la Ley Mordaza. Así, los socios de coalición presentarán las enmiendas pactadas de cara a la proposición de ley que impulsa el PNV y que supone una recuperación del "pleno derecho" a la reunión y manifestación de un Estado democrático, afirma Santiago.
Uno de los puntos esenciales del nuevo texto es la eliminación de sanciones para las manifestaciones no comunicadas que no generen violencia o desórdenes públicos. Además, se permitirá la grabación o toma de imágenes de protestas o intervenciones policiales, siempre y cuando no vulneren el derecho a la intimidad de los funcionarios que en ellas aparezcan. Por otro lado, desde el Gobierno de coalición se ha anunciado que la nueva ley reducirá las multas que se consideren excesivas, aplicando criterios de proporcionalidad y ajustándose a la capacidad de ingresos de los sancionados, así como a su edad -en el caso de los menores-.
Santiago matiza al hilo de esto que las sanciones que se produzcan serán de tipo restaurativo o resultado de la conciliación de la persona autora o la persona o institución ofendida. Por ello, se tratará de proponer la resocialización por encima de la sanción. Además, se incorporarán los animales como sujetos de protección y se recogerán las peticiones de la Federación Española de Naturismo, para que esta práctica quede protegida.
Por otro lado, la legislación eliminará todas aquellas referencias a asuntos de extranjerías, como ocurre con las llamadas devoluciones en caliente, para abordarlas dentro de la normativa específica en la materia, como es el caso de la Ley de Extranjería. Esta fórmula basada en remitirse a otra legislación ha facilitado el consenso para suprimir la mención a las devoluciones en caliente, algo que no figuraba en el pacto que ya se logró en 2018 y que el Ministerio del Interior niega que se haya dado en los últimos tres años.