El Tribunal Penal Internacional ha abierto una investigación en Venezuela por supuestas violaciones de los derechos humanos. Se investigarán los supuestos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas durante las propuestas antigobierno del año 2017 y contra algunos políticos encarcelados. El fiscal da por concluido el examen preliminar, en el que no se ha señalado a ningún sospechoso, y comenzará ahora un procedimiento para determinar si se deben formular cargos contra alguna persona. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha manifestado su desacuerdo con el inicio del procedimiento, aunque se ha comprometido a colaborar con el Tribunal.
El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha dado por concluido el examen preliminar sobre Venezuela y ha decidido abrir una investigación formal por presuntas violaciones de los derechos humanos. El anuncio ha tenido lugar en el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde el presidente Nicolás Maduro ha expresado su desacuerdo con la decisión del Tribunal, aunque asegura que la "respeta". Ambas partes han firmado un acuerdo de colaboración durante el proceso.
El documento recoge que "el fiscal del TPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma".
Por el contrario, el Gobierno expresa que "Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin" y "que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación".
El fiscal ha declarado ser "plenamente consciente de las fallas que atraviesa y tiene Venezuela, de las divisiones geopolíticas que existen", pero "nosotros no somos políticos, nos guían principios de legalidad y el Estado de derecho".
El fiscal del Tribunal Penal Internacional ha determinado que procede abrir una investigación en Venezuela para "establecer la verdad"
Mediante este acuerdo se da fin al examen preliminar iniciado en 2018 por supuestos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del país durante las protestas contra el Gobierno de 2017, en las que murieron alrededor de cien personas, así como abusos contra algunos políticos encarcelados.
Durante la primera fase del procedimiento "no se ha identificado a ningún sospechoso" según recoge el documento, que explica que "la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona".
Ambas partes han acordado que Venezuela, como jurisdicción nacional "adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad" y que establecerá mecanismos para "mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal".