Fermín Oslé, exconsejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y Alfonso Benavides, apoderado de Fidere Vivienda –sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone–, irán a juicio este martes, enfrentándose a una condena por "prevaricación, malversación, fraude y sustitución de cosa propia a su utilidad social" por la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre por 128,5 millones en 2013, durante la alcaldía madrileña de Ana Botella. Sin embargo, la Fiscalía pide la absolución de los acusados, pues "no hay autor desde el punto de vista penal" porque "los hechos expuestos no son constitutivos de infracción penal".
Este proceso penal ha sido impulsado por el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento y por la Asociación de Afectados por la venta, quienes piden ocho años y cuatro meses de cárcel para Benavides y Oslé, además de inhabilitación para ejercer como cargo público. Además, solicitan que declaren como testigos varios ex directivos de la EMVS, la propia Ana Botella y su núcleo duro de gobierno.
Desde la Fiscalía de Madrid, se emitió un escrito el pasado viernes en el que se solicitaba la absolución de los acusados, debido a que "el procedimiento en todo momento se ajustó a las prescripciones establecidas", haciendo referencia a la ley en la que se permite "la enajenación por sus titulares –el Ayuntamiento de Madrid– de las viviendas con protección pública para arrendamiento y arrendamiento con opción a compra por promociones completas y a precio libre, previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda".
Fue en 2018 cuando el Tribunal de Cuentas condenó a la exalcaldesa y a siete miembros de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por la operación de venta de más de 5.000 inmuebles públicos a Fidere Vivienda SLU y Fidere Gestión SLU, sociedades instrumentales de Magic Real Estate SL, vinculada a Blackstone. Sin embargo, siete meses después, se revocó la decisión al considerar que, al hacerse mediante concurso público, no podía apreciarse "negligencia grave" en la gestión de Botella. Más tarde, en 2020, el Tribunal Supremo confirmó esta decisión y se procedió a la absolución de los involucrados.
Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de viviendas de la EMVS, afirma que quiere pensar que "existe algo de justicia en este país, aunque la fiscalía se ponga del lado de los acusados y no de las víctimas". Desde el PSOE, Mar Espinar, portavoz del grupo municipal, recuerda que la Fiscalía se pronunció en esta línea en la fase de instrucción "y al final la Audiencia Provincial obligó al juzgado a reabrir el caso". "No es que fuera una inmoralidad, es que ha sido una ilegalidad lo que hizo un gobierno del PP con Ana Botella a la cabeza", sentencia Espinar para zanjar que ese es el motivo por el que "llevamos ocho años sin movernos ni un milímetro de nuestra posición".