Han llamado a los trabajadores a una huelga general, que esta vez no ha contado con el respaldo de UGT y CCOO, contra el decreto ley que se ha bautizado como el Icetazo. Estiman que las medidas para reducir la temporalidad a los funcionarios solo empeorarán su situación, con consecuencias como el despido forzoso e indemnizaciones inasumibles para las administraciones.

 

Demandan la regularización de los puestos de trabajo en las administraciones públicas siguiendo la normativa europea y exigen que los trabajadores que lleven más de tres años en sus puestos se conviertan en fijos. Asimismo, también piden detener las ofertas de empleo público de estabilización hasta no resolver la situación actual y sancionar a los responsables.

 

Las manifestaciones han tenido especial relevancia en Cataluña o la Comunidad Valenciana con un seguimiento del 7% según la Generalitat, mientras los sindicatos lo tasan en un 18%. En la región catalana, la temporalidad está en torno al 30%, llegando a traspasar el 60% en algunos sectores. La huelga provocará que el transporte público funcione al 85% y también se reducirán drásticamente las plantillas de los centros educativos. Las radios y televisiones públicas emitirán al 50% de sus contenidos habituales.

 

La Comunidad Valenciana, por su parte, cuenta con 150.000 empleados públicos, de los cuales el 30% son interinos. Desde CGT Valencia reclaman “un Real Decreto Ley que cumpla con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE" y confirman que se manifestarán hasta que se regularice al personal en abuso de temporalidad.

 

La huelga no ha sido convocada por CCOO y UGT, que firmaron la nueva ley de interinos que se encuentra ahora en trámite en el Congreso y con la que se pretende regularizar a 300.000 interinos en España, y tampoco por la Intersindical-CSC, el sindicato de corte independentista que ganó apoyo en el punto álgido del procés y que tiene su mayor incidencia entre los trabajadores de la Generalitat.