La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) ha aprobado el informe final de la investigación sobre omisiones del Gobierno brasileño en la gestión de la pandemia. En él se acusa al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de nueve delitos, incluyendo el de crímenes contra la humanidad. El texto redactado por los once senadores que componen la comisión se ha aprobado con siete votos a favor y cuatro en contra. El Senado lo enviará ahora al Tribunal Supremo, a la Fiscalía brasileña y, además, al Tribunal Penal Internacional de La Haya, este último debido a las acusaciones sobre crímenes contra la humanidad, para que se pronuncien sobre el asunto. 

 

El texto explica que hasta 120.000 de las muertes provocadas por la pandemia podrían haberse evitado y acusa al Gobierno de llevar a cabo una "estrategia" para aumentar los contagios. Además, se han encontrado indicios de supuestos fraudes en las negociaciones para la compra de vacunas y de una estructura de difusión de noticias falsas sobre la pandemia. 

 

 

En total hay 78 personas acusadas de delitos graves, entre las que se encuentran cuatro ministros, tres de los hijos de Bolsonaro, asesores del Gobierno y parlamentarios, además de dos empresas del área médica. Al presidente se le acusa de nueve delitos tipificados en el Código Penal brasileño: crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, epidemia con resultado de muerte, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación y atentados contra la dignidad del cargo.