La ley de igualdad madrileña que propone Vox, analizada por expertas de género

El texto que propone el partido de ultraderecha no cita la palabra "mujer" ni menciona los conceptos de violencia de género, machista, sexual o económica, sino que sustituye el término por "violencia en el ámbito familiar"

La ley de igualdad madrileña que propone Vox, analizada por expertas de género

El texto que propone el partido de ultraderecha no cita la palabra "mujer" ni menciona los conceptos de violencia de género, machista, sexual o económica, sino que sustituye el término por "violencia en el ámbito familiar"

Vox ha registrado este miércoles una ley de igualdad en la Asamblea de Madrid, que incluye la derogación de dos leyes LGTBI vigentes y amplía el concepto de "violencia en el ámbito familiar". Los votos del partido ultraderechista son esenciales para que el Partido Popular, que gobierna en la región madrileña, pueda aprobar los Presupuestos de 2022 en la autonomía. Una serie de expertas en género y portavoces de instituciones para la igualdad de las mujeres en diferentes ámbitos han analizado esta propuesta legislativa de Vox para el diario El País, concluyendo que se supone un retraso en políticas de equidad y feminismo.

Así, Madrid es la única autonomía, junto con La Rioja, que ha rechazado presentar una ley de igualdad a lo largo de la legislatura. Desde Vox, Íñigo Henríquez de Luna, portavoz adjunto de la formación en la Asamblea, explica que el objetivo de la ley es garantizar los principios constitucionales para que no se discrimine a nadie. "Defendemos la igualdad de todos los ciudadanos, no dar más derechos a quienes integren falsos colectivos”, apostilla.


Gema Fernández, abogada de la dirección legal de Women’s Link Worldwide, analiza en el diario El País que esta ley parece "hacer retroceder los avances que introdujeron leyes anteriores”, en referencia a la Ley de Protección contra la LGTBIfobia o la Ley de Identidad y Expresión de Género, que quedarían derogadas según la propuesta de Vox. La letrada explica que se trata de una propuesta que constituye "una ley de igualdad que desatiende todo el desarrollo del derecho antidiscriminación, de la legislación europea contra la discriminación y la evolución jurisprudencial al respecto del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.


Por su parte, Gloria Poyatos, magistrada y directora regional de la International Association of Women Judges (IAWJ) en Europa, Oriente Medio y Norte de África, expone, también en El País, que la ley de Vox es un compendio de “manifestaciones genéricas” que podrían situarse en la primera etapa constitucional, fechada en 1978. Para Poyatos, lo que se busca actualmente es ir más allá de la realidad, es decir, "lo que te obligan a hacer los tratados internacionales y tres directivas”.


El foco sobre la omisión del concepto de violencia de género lo pone Sonia Nuez, magistrada y coordinadora de la sección territorial de Madrid de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Nuez explica que se trata de un caso "muy grave" el de "eludir la violencia de género de forma consciente: es una realidad" y ofrece datos: la memoria anual de actuaciones de la oficina de asistencia a las víctimas de delito de la Comunidad de Madrid para 2020 “refleja que un 86% de las víctimas atendidas eran mujeres mayores de edad, y un 5% menores. En total, un 91% de víctimas mujeres. Y un 31,2% eran víctimas de delitos sexuales, y un 28,4%, de violencia de género”. Así, la magistrada señala como "evidente" el hecho de "prestar una atención especializada a los delitos cometidos contra las mujeres, sean sexuales o en el ámbito de la violencia de género”.

 


Por su parte, María Luisa Cuerda, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Jaume I de Valencia, califica la propuesta de Vox como “un retroceso frente a lo alcanzado después de tantos años en materia de igualdad”. Cuerda piensa “que lo que realmente pretende es anular las medidas de discriminación positiva, tanto en materia de género como en lo relativo a colectivos vulnerables”. Isabel Tobeña, magistrada y parte del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, además de coordinadora de las áreas de igualdad y violencia, explica que la formación política verde “huye del lenguaje inclusivo, y, lo fundamental, los esfuerzos por intentar desdibujar la violencia machista, recortar la Ley Integral y no cumplir con los mandatos de esta”.

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