El Gobierno aprueba medidas urgentes para proteger a los consumidores vulnerables ante los altos precios de la energía

Además, el Ejecutivo ha aprobado un fondo de contingencia para asistir a la isla de La Palma así como la nueva Ley de Vivienda

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

El Gobierno aprueba medidas urgentes para proteger a los consumidores vulnerables ante los altos precios de la energía

Además, el Ejecutivo ha aprobado un fondo de contingencia para asistir a la isla de La Palma así como la nueva Ley de Vivienda

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado nuevas medidas para acometer el problema del alto precio de la luz y para proteger a los consumidores vulnerables. Así, aquellos colectivos que son beneficiarios del Bono Social verán incrementado el descuento en su factura de la luz desde el 25% actual hasta el 60%, porcentaje que llegará al 70% en el caso de los más vulnerables. Además, se ha duplicado el presupuesto para el denominado bono de calefacción. 

Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una serie de medidas para la protección de los consumidores energéticos, como plan de choque para la contención de la elevación de precios en la factura del gas y la electricidad. Así, se efectuará una subida del descuento en la factura de la luz otorgado por el bono social eléctrico del actual 25% al 60% -del 40% al 70% en el caso de los vulnerables severos- hasta el 31 de marzo de 2022, además de establecer un cheque de 90 euros por familia, durante el mes de diciembre, para cubrir sus necesidades de calefacción, con independencia de cuál sea el sistema calefactor.

Además, el Gobierno ha prorrogado el escudo social hasta el 28 de febrero de 2022, que incluye la garantía de los suministros de gas, agua y electricidad, además de un bono social para colectivos vulnerables, la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad y la solicitud de moratorio o condonación del pago de alquiler.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también ha querido señalar la autorización del Consejo de Ministros para la dotación de 70 millones de euros del Fondo de Contingencia para paliar los efectos económicos y sociales de la erupción del volcán de La Palma. "Estamos dando respuesta de manera contundente y precisa y se va a mantener en el tiempo, en tanto no se recupere la normalidad en la isla", ha asegurado Rodríguez. Además, el Consejo de Ministros ha sacado adelante el Anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura, que tiene como objetivo situar a este sector como un bien de interés general que hay que preservar y promocionar, acercando la arquitectura a la sociedad a través  de la renovación, la mejora de la edificación y la protección del patrimonio cultural y natural.

 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presenta la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda.

En este Consejo de Ministros, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha presentado  el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, con el objetivo de blindarla como un derecho constitucional que dignifique y adecúe la vivienda como accesible y habitable. 

La ministra ha explicado que la Ley por el Derecho a la Vivienda "pretende configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar" y como una "potente herramienta para luchar contra la desigualdad, marginalidad y la exclusión". Así, ha calificado de "histórica" a la norma legislativa, que pretende garantizar el derecho a la vivienda a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos en contextos de falta de recursos y vulnerabilidad social, así como a los suministros básicos para su disfrute. Sánchez ha recalcado que el texto pone el foco en las personas con dificultades económicas o ámbitos de tensión en el mercado, ya que ofrece seguridad jurídica y es garantista porque protege al arrendatario, al inquilino y al propietario y no invade las competencias de las comunidades autónomas.

 


La futura ley pretende aumentar el parque de vivienda pública y evitar las subidas abusivas de precios, incluyendo el nuevo concepto de vivienda asequible incentivada, que es aquella de titularidad privada a la que se otorgan determinados beneficios fiscales o de otra índole, con la condición de que sea destinada a alquiler a precio reducido. Además, incentivará la movilización de vivienda vacía introduciendo la posibilidad de que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las viviendas que hayan permanecido vacías durante más de dos años si el propietario tiene cuatro o más viviendas en el mismo municipio.

Otros puntos esenciales del futuro texto legislativo es impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, mejorar el procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad agilizando comunicaciones entre instituciones, la definición del "gran tenedor" o una mejora de la regulación del  IRPF para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles.

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