El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea y a los líderes de los países miembros que tomen medidas para frenar la deriva antidemocrática del Gobierno de Mateusz Morawiecki. Entre ellas se encuentra la apertura de un expediente sancionador por la última decisión del Tribunal Constitucional y el bloque de los fondos europeos de los que se está beneficiando el país. El texto acusa al Gobierno de utilizar sus órganos judiciales para "legalizar las actividades ilícitas" del Gobierno e instaurar su agenda política. Los eurodiputados recuerdan que la constitución polaca consiente a obligarse por los Tratados de la Unión Europea.
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que asegura que el Tribunal Constitucional polaco no tiene validez jurídica y no está cualificado para interpretar la constitución del país. Los eurodiputados denuncian así la deriva antidemocrática del Gobierno ultraconservador polaco.
El texto, que ha salido adelante con 502 votos a favor, 153 en contra y 16 abstenciones, acusa al primer ministro, Mateusz Morawiecki, de hacer un "uso indebido del poder judicial como herramienta para llevar a la práctica su agenda política". Consideran que la última sentencia del Tribunal Constitucional polaco del pasado 7 de octubre que posiciona al Derecho nacional por encima de las normas europeas constituye un "ataque contra la comunidad europea de leyes y valores en su conjunto" y que el Tribunal se ha convertido en un "instrumento para legalizar las actividades ilícitas de las autoridades".
El Parlamento ha querido recordar que, según la constitución polaca, los Tratados de la Unión Europea son aplicables directamente en su ordenamiento jurídico y, en caso de entrar en conflicto con la legislación nacional, prevalece la palabra de la UE.
Entre las medidas que el Parlamento ha pedido a la Comisión Europea y al Consejo se encuentran la apertura de un expediente sancionador contra el Gobierno polaco, activar el mecanismo de condicionalidad para congelar el desembolso de fondos de recuperación hacia el país, no aprobar el plan de recuperación y resiliencia, que le permitiría acceder a ayudas europeas, e interrumpir o suspender otros pagos de los que se pueda estar beneficiando el país. Los eurodiputados aseguran que las políticas persiguen que se restablezca el Estado de derecho en Polonia y no tienen como objetivo perjudicar a su población.
Las medidas propuestas por el Parlamento incluyen abrir un expediente sancionador contra el Gobierno, congelar el desembolso de los fondos de recuperación y suspender cualquier otro pago del que Polonia se beneficie
El documento incluye mensajes de apoyo para los ciudadanos que protestan pacíficamente contra las reformas del Gobierno y para los jueces que, a riesgo de ser sancionados, siguen las directrices europeas y siguen presentando peticiones de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las últimas encuestas realizadas en Polonia durante los meses de septiembre y octubre demostraron que solo un 5% de la población desea que el país abandone la Unión Europea y que un 90% considera que la pertenencia a la Unión es positiva, unos porcentajes superiores a la media del conjunto de la UE.