Meritxell Batet, presidenta del Congreso, ha solicitado este jueves al Tribunal Supremo la aclaración del alcance de la pena impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, tres días después desde que el órgano judicial emitiera la sentencia que permitía conservar el escaño al parlamentario canario. Batet ha adoptado esta decisión después de que la mayoría de la Mesa de la Cámara votase a favor de la solicitud de un informe aclaratorio al Supremo.
Así, en sus funciones de Presidenta del Congreso, se trata de la figura competente para dar respuesta a la solicitud de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que pidió el pasado miércoles información acerca de cuándo se comenzaba a aplicar de forma efectiva la condena al diputado canario. Marchena pidió a Batet una aclaración de la condena, y esta última ha decidido remitirla al Alto Tribunal para dibujar la fecha de inicio de cumplimiento para la pena de inhabilitación especial por el derecho de sufragio pasivo.
La Mesa del Congreso ha acogido un debate acerca de la necesidad o no de solicitar información detallada al Supremo acerca del alcance de la pena impuesta. Han sido las fuerzas parlamentarias de PP y Vox las que han defendido que no eran esencial pedir aclaraciones al órgano judicial porque interpretan que Rodríguez debe ser desprovisto de su escaño en el Congreso. Por otro lado, los portavoces en el hemiciclo de Unidas Podemos y PSOE han votado a favor de solicitar explicaciones al Supremo. En esta votación, Batet no ha participado, aunque sí ha detallado que, según su interpretación jurídica, el Alto Tribunal está pidiendo al Congreso que inhabilite a Alberto Rodríguez. Así, antes de esgrimir una decisión concreta, ha decidido optar por pedir información a la institución.
La decisión de Batet se produce tres días después de que los magistrados del tribunal emitiesen una sentencia en la que se condena a Alberto Rodríguez con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Sin embargo, se acordó sustituir la pena de cárcel por una multa de 540 euros, lo que supuso que los letrados plantearan que la sentencia no debe tener efectos extra penales. De hecho, se sostiene que la pena privativa de libertad, caso que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño de forma inmediata, no llegó "a nacer en ningún momento", siendo sustituida desde su origen por una sanción económica (por otra parte, ya abonada por el canario).