La Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado brasileño ha concluido su investigación sobre los delitos cometidos por el Gobierno en la gestión de la pandemia de la COVID-19. El informe, que será votado durante los próximos días, acusa al Gobierno de 22 delitos y al presidente, Jair Bolsonaro, de 9 de ellos. El texto desvela que al menos 120.000 de las muertes provocadas por la pandemia se podrían haber evitado y señala los retrasos en la vacunación, el rechazo de las instituciones a imponer medidas restrictivas y la desinformación respecto a la pandemia promovida por el Gobierno como las principales causas detrás de las elevadas cifras de mortalidad. La Comisión planea además enviar el caso al Supremo Tribunal Federal y presentar una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) ha publicado su informe final sobre la investigación de posibles crímenes cometidos por el Gobierno de Jair Bolsonaro durante la gestión de la pandemia del coronavirus. Se acusa al Gobierno de 22 crímenes diferentes, 9 de ellos atribuidos directamente al presidente, entre los que se encuentran: crímenes contra la humanidad, epidemia con resultado de muerte, charlatanismo, incitación al delito y prevaricación.
La investigación se ha prolongado durante seis meses y sus 68 sesiones han sido seguidas en directo por millones de personas en todo el país mediante la televisión o la radio.
El senador Renan Claheiros ha declarado durante la presentación del informe que "esta CPI es la primera en comprobar las huellas digitales de un presidente de la República en la muerte de millares de ciudadanos" y ha añadido que "nunca, excepto en regímenes autoritarios y sanguinarios, la vida fue tan despreciada y vilipendiada ".
El informe demuestra que al menos 120.000 de las más de 600.000 muertes provocadas por el virus en el país podrían haberse evitado. Calheiros ha señalado que el principal delito del Gobierno fue el atraso deliberado en la compra de vacunas y la decisión de esperar que los ciudadanos alcanzasen la "inmunidad de rebaño" dejando que se infectaran libremente. El Ejecutivo de Bolsonaro recomendó también medicamentos ineficaces e incluso contraproducentes y se le acusa ahora de haber impulsado una operación de desinformación y noticias falsas para respaldar estas recomendaciones.
La investigación revela que, a la vez que se obstaculizaba la vacunación y se llevaba a cabo una campaña de desprestigio contra algunas de las vacunas, el ministerio de Salud planificó un esquema corrupto para comprar y sobornar a algunos laboratorios. Además, se han descubierto más de 100 emails ignorados por el Gobierno en los que que la empresa Pfizer notificaba de la disponibilidad de dosis , lo que habría permitido comenzar a vacunar a la población mucho antes.
El informe demuestra que al menos 120.000 de las más de 600.000 muertes provocadas por el virus podrían haberse evitado
El relator del informe había incluido otras dos acusaciones más que finalmente no se han achacado al dirigente: genocidio contra los pueblos indígenas y homicidio cualificado . En ambos casos, la Comisión considera que no se tienen indicios suficientes para clasificar los actos dentro de estos delitos.
Ante el intento de defender al presidente por parte del senador oficialista Marcos Rogério , que ha señalado que la Comisión no tiene competencia para acusar a Bolsonaro porque la Constitución exime a los presidentes de prestar declaración ante el Congreso, el presidente de la Comisión, Omar Aziz , ha declarado que "el presidente va a ser investigado, sí, porque hay pruebas muy grandes de su conducta". Aziz ha asegurado que ningún ciudadano está por encima de la ley, lo que incluye al presidente, que "cometió muchos crímenes y va a pagar por ellos ".
La votación del informe tendrá lugar el próximo 26 de octubre, cuando se espera que se apruebe gracias a la mayoría necesaria con la que cuenta la oposición. Una vez aprobado, se enviará a la Procaduría General de la República, donde se revisan las investigaciones de los acusados con foro privilegiado. Corre el peligro de que la acusación se estanque aquí, ya que el procurador, Agusuto Aras, fue nombrado por Bolsonaro y juega un papel clave en la decisión final.
La CPI, cuestionando la imparcialidad de este órgano, ha considerado rutas alternativas para el procedimiento e intentará que el Supremo Tribunal Federal acepte el caso para poder llevarlo ante otros órganos de investigación. Además, se presentará una denuncia en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.