Como ha avanzado la Cadena SER, será la residencia madrileña de Ballesol Mirasierra la que contará con una dotación de casi 269.000 euros, por un total de "3.017 días de estancia", encontrándose al mismo tiempo investigada por el fallecimiento de una decena de residentes durante el mes de marzo de 2020. La emisora radiofónica también ha ofrecido el testimonio de Alejandra Rodríguez, cuya familiar falleció en un centro de mayores el 2 de abril de 2020. La afectada, que ha presentado una querella contra la dirección de la residencia donde se encontraba interna su abuela, ha explicado que no conocía su estado, al no llegar a hacer viodeconferencias. "Murió sin su familia", ha señalado.

Además, ha aprovechado su intervención para declarar que "el problema con la residencia fue la incomunicación y que tampoco pusieron muchas medidas, no había EPIs, no había protocolos de seguridad y lo único que hicieron fue echar a los familiares". Así, Rodríguez ha calificado de "mala gestión" a la actuación de la Comunidad de Madrid y a la de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. La afectada también ha tildado a la dotación que ha impulsado la región madrileña a las residencias privadas de "un insulto", pues cree que se debería "indemnizar a los familiares porque son los que han tenido una gran pérdida".

El ejecutivo de Díaz Ayuso, durante la primera ola de coronavirus, explicó que la región apostaría por la "colaboración público-privada", ante la presión que vivían los centros de mayores públicos y ante el traspaso de competencias de Sanidad a las comunidades autónomas. Sin embargo, actualmente se encuentra en curso una investigación, que Madrid ha calificado de "consulta informal", para explorar la actuación de la Consejería de cara a la derivación de mayores a hospitales y las casi 6.000 muertes que acogieron.