Publicado el 21 de octubre a las 10:04
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este miércoles que su departamento está trabajando en "cinco grandes proyectos de derechos feministas" , que incluirán la legislación contra las violencias machistas (que añadirá trata y explotación sexual), el blindaje del Pacto de Estado, el derecho al aborto, los derechos del colectivo trans y LGTBI, así como el derecho al cuidado reconocido por ley. Además, Montero ha adelantado que, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, Igualdad contará con un presupuesto histórico de 525 millones de euros, cuantía nunca antes destinada a políticas feministas.
La ministra ha calificado a la dotación que los PGE dirigirá a Igualdad como "una apuesta decidida de este Gobierno para impulsar una necesaria transformación feminista que consolide, tras una década sin avances, el feminismo como una política de Estado".
Legislación contra la violencia machista
En primer lugar, el ministerio ya trabaja en la reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral Frente a la Violencia de Género, que a modo de ley marco contra todas las formas de violencia contra las mujeres. "Más del 50%, 284 millones de euros, se destinan a atajar de raíz el machismo estructural y las violencias, a través, en gran medida, de la financiación de los proyectos e inversiones públicas de comunidades autónomas y ayuntamientos" , ha indicado Montero. Además, ha querido hacer hincapié en la importancia de la colaboración de la Comisión de Igualdad, "para vertebrar de un modo atemporal la respuesta de nuestro país contra todas las formas de la violencia machista" , que incluye la sostenibilidad financiera y cooperación entre poderes y administraciones públicas.
Así, la partido presupuestaria histórica será protagonizada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que en 2022 contará con una subida del 25% , teniendo en cuenta los fondos de recuperación en el marco del Plan España te Protege Contra la Violencia Machista. El Instituto de Mujeres también contará con una partida específica como organismo autónomo de 23,6 millones de euros, un 16% más que en 2021, acabando con los recorte "que tanto ha padecido esta institución histórica para todas las mujeres de España" , ha afirmado Montero.
Pacto de Estado
Por otro lado, otro de los grandes proyectos que pretende llevar a término Igualdad es la alianza parlamentaria, para poder dar luz verde a propuestas como la tramitación del Proyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual; el Anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de Derechos de las personas LGTBI; y las reformas de la leyes 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Asimismo, Montero ha anunciado que será en noviembre "cuando presentaremos una guía para la actualización y mejora de los Protocolos de Coordinación y Actuación Interinstitucional" .
Reforma para la Ley IVE
La reforma de la Ley Orgánica 2/2010 de Interrupción Voluntaria del Embarazo es otra de las ambiciones del ministerio, y Montero ha adelantado que "se está impulsando el trabajo participativo imprescindible para recabar el parecer de los agentes implicados ante los necesarios cambios que precisa esa norma ", para que el derecho al aborto seguro y a la educación sexual sean efectivos "en todos los rincones del país y para todas las mujeres".
La Ley Trans
La ministra a la cabeza de la cartera de Igualdad también ha expuesto la necesidad de tramitar "cuanto antes, y con el mayor consenso posible ", el Anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de Derechos de las personas LGTBI, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado junio, en primera vuelta. Una legislación que buscará "combatir la LGTBIfobia desde todos los ámbitos" y acabar con la violencia y discriminación que sufre el colectivo. "Vamos a redoblar esfuerzos para que en el primer trimestre de 2022 pueda ser llevado a segunda vuelta de Consejo de Ministros para su remisión a Cortes" , ha sentenciado Montero.
El derecho al cuidado
Será una legislación contemplada por la ley, que implica una conciliación dentro de los hogares y familias. El llamado Plan de Corresponsables el que, dentro de los PGE, gozará de una cuantía de 200 millones de euros para "favorecer la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 14 años generando bolsas de cuidado profesional" .