La Comunidad de Madrid deberá devolver 34 millones de euros por el escándalo del tren fantasma de Esperanza Aguirre

OHL, que ganó el concurso para construir la vía entre Móstoles y Navalcarnero, abandonó la obra en 2010 para comenzar una andadura de pleitos constantes contra la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid deberá devolver 34 millones de euros por el escándalo del tren fantasma de Esperanza Aguirre

OHL, que ganó el concurso para construir la vía entre Móstoles y Navalcarnero, abandonó la obra en 2010 para comenzar una andadura de pleitos constantes contra la Comunidad de Madrid

La Justicia ha emitido una sentencia que obliga a la Comunidad de Madrid a devolver un total de 18.285.845,60 euros a la constructora OHL, que alcanzan la cifra de 34 millones de euros sumándose a una decisión previa. Este número supone el cobro que realizó el Ejecutivo de Cristina Cifuentes a la empresa concesionada entre la ejecución de sus avales y penalizaciones por no terminar el recorrido de tren entre Móstoles y Navalcarnero, paralizado en 2010. OHL ha ganado así el pleito por el que recibirá los costos que la Comunidad de Madrid le cobró.

La obra sostenía el proyecto de una línea ferroviaria de 14,8 kilómetros de longitud entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero, propuesta para su inauguración en 2013. Para ello, OHL ganó el concurso apra su realización de 360 millones de euros. Las obras, abandonadas ahora, han dado lugar a litigios judiciales constantes entre la región madrileña y la constructora, con el fin de encontrar el culpable de los cambios en el proyecto (con el soterramiento no previsto de un túnel) y la financiación (50 millones que reclamaba OHL). Toda esta situación ha terminado con el triunfo en los tribunales de esta última frente al Gobierno autonómico.



Por su parte, el magistrado Manuel García-Castellón ha abierto un juicio oral dentro de llamado caso Lezo contra el expresidente de la comunidad Ignacio González al observar “indicios racionales de criminalidad” en la concesión de las obras, ya que presuntamente habría cobrado parte de una comisión de casi dos millones de euros.


Son un total de 200.000 habitantes afectados en Móstoles y más de 100.000 en las zonas de Navalcarnero, Arroyomolinos y otras poblaciones aquellos que no pueden ver materializada la comunicación ferroviaria. “Tenemos la costumbre sana de cumplir lo que prometemos”, aseguraba Esperanza Aguirre en 2008. A día de hoy, la infraestructura ferroviaria no existe, pues el proyecto, que fue paralizado cuando restaban tan solo cuatro kilómetros de vía, no ha sido retomado.



Además, a este escándalo se suma la notificación de una demanda de más de 244 millones de euros por parte de una de las tres concesionarias de la carretera M-45 a la Comunidad de Madrid. Este caso, aún pendiente de fallo judicial, se perfila ya como otro negocio dudoso que golpeará de forma significativa a las arcas públicas de la región. 

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