El Gobierno defiende Ley de Vivienda y prevé que reduzca el precio del alquiler de 150.000 pisos

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, considera que la ley "no produce un intervencionismo radical

La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Foto Europa Press.

El Gobierno defiende Ley de Vivienda y prevé que reduzca el precio del alquiler de 150.000 pisos

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, considera que la ley "no produce un intervencionismo radical

Los dos partidos que forman parte del Gobierno, anunciaron este martes un acuerdo por el que se desbloqueaban los Presupuestos Generales del Estado ya que habían cerrado la aprobación de una nueva Ley de Vivienda que pondrá tope a los desbocados precios del alquiler en algunas zonas tensionadas de grandes ciudades en España. 

 

La nueva legislación, que se aprobará en breve, obligará a las grandes empresas propietarias de más de 10 pisos destinados al alquiler a reducir los precios que ofrecen a sus inquilinos.

 

Además, aquellos que tengan menos de 10 inmuebles tendrán incentivos fiscales para que también puedan bajar el precio del alquiler. 

 

Y todo ello sucederá en zonas tensionadas de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla o Palma de Mallorca donde es prácticamente imposible encontrar un piso a unos precios razonables. Estas zonas serán propuestas por las comunidades autónomas.

 

La ley incluye, además, la construcción de un amplio parqué de viviendas destinadas al alquiler para el futuro. El objetivo es regular un mercado que en la actualidad deja a miles de jóvenes sin posibilidad de acceder a una vivienda en régimen de alquiler lo que hace que España sea uno de los países de la Unión Europea donde más tarde se puede emancipar la juventud. También se busca una salida viable para todas aquellas personas en riesgo de exclusión y que no pueden tener una vivienda digna porque no pueden pagarla. 

 

Este miércoles la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido en una entrevista en Onda Cero la nueva legislación y ha afirmado que "no supone en ningún caso un intervencionismo radical", como denuncia el Partido Popular. 

 

La ministra ha dicho que la estimación que hace el Gobierno es que haya 150.000 viviendas que están en manos de grandes tenedores que bajen el precio del alquiler. Estos inmuebles son de personas jurídicas (empresas) que tienen un amplio parqué de viviendas para alquilar. Ha insistido la dirigente socialista que esto no afecta a pequeños propietarios ni personas físicas para los que se ofrecerán incentivos fiscales con el objetivo de que también puedan bajar el precio de sus alquileres pero sin que les suponga una merma para sus ingresos. 

 

Y todas estas medidas se pondrán en marcha en determinadas zonas de España donde el alquiler supone un grave problema, es decir, en zonas tensionadas. Raquel Sánchez ha explicado que serán las comunidades autónomas las que se encargarán de activar o no esas zonas tensionadas y se escuchará a los ayuntamientos para que el análisis de las zonas donde se prevé que se implanten las medidas sea exhaustivo. Las zonas tensionadas serán aquellas en las que se han producido incrementos determinados de precios durante los últimos años y en las que los esfuerzos de los inquilinos para pagar su vivienda supere unos porcentajes concretos. No ha querido dar cifras la ministra ya que ha afirmado que aún falta por concretar determinados aspectos técnicos de la nueva norma que prepara el Ejecutivo.

 

"La ley ofrece el marco jurídico para que haya cierta homogeneidad y luego cada comunidad, en función de su situación y modelo, decidirá aplicarlo o no", ha afirmado Sánchez. 

 

Sobre la posibilidad de que los inversores se vayan de España ante esta nueva legislación, Raquel Sánchez ha señalado que estas medidas "no hacen inviable la posibilidad de que los grandes fondos de inversión sigan en España y ha considerado que encontrarán atractivos para invertir por muchas otras cuestiones". 

 

Lo que ha dejado claro es que en España nos encontramos con un problema para el acceso a la vivienda ya que hay un "mercado desbocado" y "algo había que hacer".

 

EL PARTIDO POPULAR ANUNCIA QUE RECURRIRÁ LA LEY AL CONSTITUCIONAL

 

El Partido Popular se ha situado en la defensa de los propietarios de las viviendas destinadas al alquiler, incluso con aquellos "fondos buitre" que aprovecharon la crisis económica del 2008 para hacerse en propiedad con un amplio parqué de viviendas a un precio bajísimo. Ahora, explotan esa inversión con unos precios de alquiler desorbitado. 

 

Sin embargo, el PP ve un intervencionismo inaceptable en estas nuevas medidas. Por eso, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este mismo miércoles que su formación llevará al Tribunal Constitucional esta nueva Ley, de la que solo se conocen algunos detalles. En una entrevista en Telecinco, el líder de la oposición ha afirmado que la Ley ataca la libertad y la seguridad jurídica y que lo que va a conseguir es "que la gente no ponga pisos en alquiler, lo que hará que suba los precios". 

 

"Esto es el comunismo, exprópiese a las empresas y autónomos que ganan dinero", ha dicho Casado que también ha criticado que el Gobierno estipule un mecanismo para que los ayuntamientos puedan gravar a través del IBI a aquellos propietarios que mantienen viviendas vacías. 

 

Una vez más, el Partido Popular se sitúa a la contra del Gobierno sin ofrecer alternativas a un problema que para la formación de Casado parece que ni siquiera existe. 

 

Precisamente, el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, dijo ayer, nada más conocerse el anuncio, que en su municipio no se iba a poner en marcha ninguna de las medidas que ofrece la ley para que se produzca una rebaja de los alquileres. Y en el caso de que se les obligase, ya verían la forma de no tener que cumplir la norma. Es la misma estrategia que han mostrado los populares con la nueva Ley Educativa que pretenden no desarrollarla en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan, como la Comunidad de Madrid. 

 

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