La Justicia italiana ha parado el proceso de detención y extradición del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Los jueces han decidido su puesta en libertad hasta que el Tribunal de Justicia de la UE aclare la cuestión sobre su inmunidad parlamentaria y resuelva la pregunta prejudicial planteada por el juez Pablo Llarena. La decisión supone un nuevo percance para la causa judicial contra el procés fuera de las fronteras españolas después de que la Justicia alemana y belga obstaculizaran previamente su procesamiento en España. La cuestión prejudicial de la que depende la decisión del Tribunal de Cerdeña todavía podría tardar meses en ser resuelta.
La Justicia italiana ha suspendido la orden de detención y entrega al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. El Tribunal de Apelación de Sassari citó al expresident para decidir sobre su extradición tras su detención y puesta en libertad la semana pasada. Tras su declaración, los jueces decidieron que quedara en libertad sin medidas cautelares a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre su inmunidad parlamentaria y resuelva una cuestión preliminar realizada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado mes de marzo.
La sentencia interlocutoria, que ha sido firmado por el magistrado-presidente Salvatore Marinaro, suspende el proceso "considerando que siguen pendientes las orientaciones sobre la solicitud de nulidad de la revocación de la inmunidad ante el Tribunal General de la Unión Europea y la solicitud preliminar presentada al Tribunal de Justicia". El auto muestra que la Fiscalía sí cree que haya doble incriminación y que los delitos de sedición y malversación encajan en el código penal italiano, pero pide al Tribunal esperar hasta conocer la decisión de la Justicia europea sobre el alcance de la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado.
El juez Pablo Llarena había insistido en que la orden y el proceso de extradición seguían en funcionamiento a pesar de la cuestión prejudicial pendiente, y por ese motivo pidió también la detención y entrega de los dos exconsellers que acompañaban a Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, también eurodiputados con euroórdenes activas contra ellos.
En enero la Justicia belga se negó a entregar al exconseller Lluís Puig, lo que llevó al juez Pablo Llarena a formular su cuestión prejudicial sobre la capacidad de las autoridades belgas para negarse a entregarlo
Aunque la postura del Tribunal de Cerdeña no cierra completamente el proceso por el momento, la decisión de los jueces supone un nuevo revés en la causa judicial contra el procés fuera de las fronteras españolas. En 2018, el tribunal alemán de Schleswig-Holstein ofreció entregar a Puigdemont, pero solo acusándole del delito de malversación, sin incluir la rebelión, un trato que no fue aceptado por Llarena.
El pasado mes de enero, la Justicia belga se negó a entregar al exconseller Lluís Puig, lo que motivó la decisión del juez Llarena de involucrar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitiendo su cuestión prejudicial sobre la capacidad de las autoridades belgas para no entregar a un fugado de la justicia española. Esta es precisamente la pregunta que, a la espera de ser respondida, retrasa ahora la decisión de los tribunales italianos.
El Tribunal de Justicia podría tardar meses en pronunciarse sobre la cuestión prejudicial, ya que no se trata como un asunto urgente. En 2019 el Tribunal tardó cinco meses en resolver la cuestión prejudicial sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras, y en ese caso la cuestión sí se consideraba de urgencia. En este caso, la respuesta podría retrasarse hasta mediados del próximo año 2022.
El juez Llarena tendrá que esperar por tanto para saber si finalmente Italia entrega o no a Carles Puigdemont y en qué términos lo hace.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, cuando ha sido preguntado por la decisión del Tribunal, ha evitado posicionarse asegurando que "respetamos todas las decisiones judiciales, las que nos gustan más y las que nos gustan menos", haciendo alusión a que el Gobierno siempre actúa de acuerdo con la legalidad.