Hacienda detecta irregularidades en el contrato de la T-4 de Barajas que podrían estar relacionadas con la caja b del PP

El informe del Ministerio se refiere a las obras de uno de los estacionamientos de aeronaves durante el segundo gobierno de Aznar

Hacienda detecta irregularidades en el contrato de la T-4 de Barajas que podrían estar relacionadas con la caja b del PP

El informe del Ministerio se refiere a las obras de uno de los estacionamientos de aeronaves durante el segundo gobierno de Aznar

Un informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente de Hacienda, ha encontrado irregularidades en uno de los contratos ejecutados en el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004), con una posible relación con los fondos de la caja b del Partido Popular. Hacienda habla de un sobrecoste total de siete millones en la adjudicación de las obras de uno de los estacionamientos para aeronaves en la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid), entonces en construcción. El contrato, con fecha de 2002 y por una cifra de 32,9 millones de euros, fue adjudicado a Constructora Hispánica, bajo la presidencia de Alfonso García Pozuelo, uno de los donantes de los papeles de Bárcenas.

El informe estudia la adjudicación por parte de la empresa gestora de los aeropuertos españoles Aena en relación con las obras de la plataforma del dique de la zona oeste de la nueva terminal, inaugurada en febrero de 2006. En el documento se habla de una actuación "ilegal", "precios contradictorios", indemnizaciones "no justificadas", sobrecostes "no admisibles" y cantidades "que no responden a la realidad". Aena, durante el gobierno del popular Aznar, dependía de Francisco Álvarez Cascos, a la cabeza del Ministerio de Fomento.


La IGAE señala una facturación de gastos sobrepasados en partidas de personal, combustible y telefonía móvil durante la paralización de los trabajos de obra, que duró seis meses. Junto a estos, el informe descubre la existencia de una indemnización de 470.000 euros a Constructora Hispánica por una supuesta subida en el coste de la mano de obra y materiales. Así, La constructora reclamó a Aena por una supuesta subida del 12,55% en la partida para cemento cuando en realidad en aquellos meses el incremento del precio de este material fue del 0,1%.

 

 

El contrato incluye 23 adjudicaciones por un valor de 600 millones de euros, que recibió la aerolínea durante los gobiernos del PP e investigadas ahora por la Audiencia Nacional. Es Santiago Pedraz, instructor del caso sobre los supuestos cohechos de empresarios en la contabilidad opaca del extesorero Luis Bárcenas, el encargado de estudiar el caso de las irregularidades del aeropuerto madrileño. El juez se encuentra a la espera de recibir los últimos periciales pedidos para decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva el sumario.

 

Ya en otro informe que implicaba a Construcciones Hispánica el pasado mayo, Hacienda alertaba de que se apuró el coste de las modificaciones para que estas no superaran el 20% del importe inicial, lo que hubiera exigido un dictamen por parte del Consejo de Estado para realizarse.

Hacienda detalla operaciones y cifras


Un sobrecoste de 107.000 euros por avales y seguros que "no es admisible" llama la atención de la IGAE. Esto se refiere a la indemnización de 1,4 millones que se abonó a la compañía como “gastos generales” por el retraso en el inicio de los trabajos. Además, el documento rebate los gastos de personal, combustible y telefonía antes mencionados. Por un lado, las cantidades que figuran como sueldos "son múltiplos de 1.000 euros, salvo dos que lo son de 500 euros. Es obvio que esta justificación es insuficiente, ya que habría que aportar las nóminas efectivamente abonadas (...) para comprobar entre otros extremos que, al menos formalmente, este personal estaba adscrito a la obra”.

Por otro lado, el combustible se justifica refiriéndose al cargo de 9.000 euros, "lo que nos llevaría a que los vehículos adscritos a la obra han realizado más de 100.000 kilómetros en una obra que no se ha iniciado". Acerca de la factura telefónica, el cargo de 3.640 euros mensuales no se explica pues “había contratadas siete personas, lo que supone 502 euros por persona y mes, estando sin iniciar la obra”.



Fue el pasado julio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional redactó un largo informe donde se exponían numerosas irregularidades en 18 de los 23 contratos adjudicados a Constructora Hispánica, protagonista del escándalo de la T-4 de Barajas. El documento policial reseñaba que los gastos tuvieron un “coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato [...]. Ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final u obras complementarias”. Estos sobrecostes se situaron en 14 proyectos por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, 74% o incluso hasta el 94%.

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