Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado registraron en 2020 un total de 287.963 delitos en relación con las tecnologías de la información y comunicación, tal como refleja el VIII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Esto supone un incremento del 31,9 por ciento con respecto a 2019. Así, la ciberdelincuencia cobra cada vez más peso dentro de la criminalidad perseguida por la seguridad española, con los fraudes informáticos como el mayor peligro (89,6%), seguidos de las amenazas y las coacciones en red.
El documento proporcionado por el Ministerio del Interior afirma que "la situación provocada por la pandemia ha supuesto un elemento disruptivo que ha propiciado el incremento de numerosos y variados ataques" informáticos. Esta situación "ha sido aprovechado por actores hostiles" para llevar a cabo los ciberdelitos.
La respuesta del Gobierno al notable incremento de los ciberdelitos ha sido el impulso del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad. Aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el pasado 18 de febrero, el objetivo del proyecto es dotar a las infraestructuras españolas y redes ciudadanas de los recursos indispensables para hacer frente a los riesgos de la red en cinco niveles: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.
El VIII Informe sobre Cibercriminalidad ha permitido reconstruir y actualizar la serie histórica de delitos desde el año 2016, y compararla con la situación inédita y pandémica del pasado año 2020.
Las cifras, en profundidad
Del total de ciberdelitos conocidos, el 89,6 por ciento (257.907) fueron fraudes informáticos (estafas). Bastante más lejos le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (14.066 casos), que representan un 4,9 por ciento. Además, según el ámbito geográfico la distribución de la ciberdelincuencia sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana entre las comunidades autónomas que concentran más infracciones penales.
A lo largo del año 2020, se reportaron también 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, un 5,2 por ciento más respecto al año anterior. Por ámbitos, el mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5%), seguido del transporte (24,08%) y la energía (14,05%).
El informe también revela que el perfil de delincuente regular es un hombre (73,3% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.