La Comunidad de Madrid admite retrasos en el pago a las clínicas abortivas concertadas

El Servicio Madrileño de Salud afirma que está revisando la situación de los hospitales de la región para agilizar los retrasos en trasferencias que quedan pendientes

La Comunidad de Madrid admite retrasos en el pago a las clínicas abortivas concertadas

El Servicio Madrileño de Salud afirma que está revisando la situación de los hospitales de la región para agilizar los retrasos en trasferencias que quedan pendientes

La Comunidad autónoma de Madrid se encuentra evaluando el estado de pagos a clínicas privadas para la interrupción del embarazo, admitiendo que existe un retraso en estos y que se trabaja actualmente para paliar la ralentización del proceso.

La semana pasada, el caso de Marta Vigara puso al descubierto la cantidad de obstáculos que la sanidad pública pone a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, tal y como estipula la propia legislación vigente. Numerosos ginecólogos de los hospitales públicos se acogen a su derecho a la objeción de conciencia lo que en la práctica hace que las mujeres tengan que ser derivadas a clínicas privadas. En la Comunidad de Madrid hay siete de estas clínicas que hacen estas operaciones, pero ahora se ha conocido que la administración regional tiene con ellas una deuda considerable.

Es la administración general la que asume el coste de la interrupción voluntaria del embarazo, pues las mujeres no pagan por la intervención. En el caso de los hospitales públicos, según estadísticas que aporta el Ministerio de Sanidad, ninguno aparece como notificador de abortos en 2020 en la región madrileña.

 

 

De hecho, solo el 15% de los aborto en España se producen en centros públicos. Concretamente en Madrid, cada hospital, dependiendo de la zona sanitaria a la que pertenezca la mujer que acude a la clínica, "abona la cuantía de las intervenciones", por lo que "no hay un pago centralizado desde el Servicio Madrileño de Salud", explican los informes regionales del organismo. Así, "puntualmente se pueden producir retrasos en el abono de algunas facturas por la prestación de este servicio dentro del trámite administrativo, pero no de forma generalizada en todos los hospitales" explica la institución.


Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y portavoz en la Comisión de Mujer y Secretaria de Igualdad del PSOE, denuncia que las clínicas no reciben ningún pago desde hace cuatro meses, lo que supondría una deuda de un millón de euros. Morales señala que "la responsabilidad última la tiene la Consejería", lo cual califica de "una muestra de desidia". "La Comunidad está asfixiando a las clínicas porque no tienen un modelo que les dé seguridad y trabaja con ellas sin concierto ni convenio", señala la socialista criticando al gobierno autonómico.

 

 

Los retrasos en el pago de deudas hacen visible los obstáculos que aún hoy continúan vigentes en España en cuanto a la práctica abortiva. La reforma de la ley, aprobada 11 años atrás, es un proyecto que se encuentra encima de la mesa del Ministerio de Igualdad. La cartera de Irene Montero comenzó la consulta pública para dicha reforma el pasado martes. Entre otras medidas, se estudiará la objeción de conciencia de los médicos mediante la puesta en marcha de un registro que permita conocer a las claras qué ocurre en cada hospital para reorganizar los servicios y el acceso de las mujeres a los centros públicos.

 

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