Cientos de interinos de toda España se manifestaron el pasado sábado en Madrid para protestar por el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, que se está tramitando actualmente. El Gobierno, con este proyecto, pretende poner fin al abuso de temporalidad de los interinos. Los manifestantes exigen que se les haga fijos en sus puestos, donde llevan trabajando numerosos años, incluso décadas en algunos casos.
El sector público español tiene una tasa de temporalidad superior al 28%, lo que supone alrededor de 300.000 plazas públicas ocupadas por interinos estructurales, según datos que proporciona el Gobierno. Este problema que sufren los profesionales del sector ha sido respondido por el entonces ministro de Función Pública Miquel Iceta con un acuerdo con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. El pacto que ya se está tramitando contempla que se hagan fijan dichas plazas antes del 31 de diciembre de 2024 y que se minimice la interinidad al 8%. Esto afectará a todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 2020.
Los interinos, para optar a esas plazas, deberán aprobar una nueva oposición en la que, por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público, se valorará la experiencia adquirida en el puesto hasta en un 40% del cómputo global. Esta señalización no contenta a los empleados del sector público que llevan años en un puesto estructural pero sin un empleo fijo.
Numerosos interinos se quejan de la situación a la que hora tienen que hacer frente, pues argumentan que les es imposible dar el 100% en una oposición, pues cuentan con familia e hijos. Además, es complicado compatibilizar una triple jornada o estudios profundos con su vida laboral y personal. Critican especialmente la alta cantidad de años que llevan trabajando en el puesto público y la precariedad a la que ahora deben hacer frente. Además, los manifestantes piden que no se les enfrente con los jóvenes y nuevos opositores para optar por la misma plaza de empleo público. Así, reclaman que se hagan oposiciones libres y también estabilizaciones.
La marcha ha sido convocada por sindicatos y asociaciones trabajadoras minoritarias, ya que los mayoritarios como UGT, CCOO y CSIF se han adherido al proyecto de ley gubernamental. A principios de julio fue aprobado con el apoyo de ERC y ante las dudas de Unidas Podemos respecto a enmiendas y correcciones. Desde la manifestación se aseguraba que "esta ley no soluciona el problema".