La detención, y posterior puesta en libertad, del ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en Cerdeña ha supuesto un nuevo terremoto político que sacude a los partidos políticos, al Gobierno y a la propia Generalitat. El juez italiano del Tribunal de Apelación de Sassari ha dictado su puesta en libertad y deberá presentarse el 4 de octubre. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido respeto a la justicia italiana, española y europea; pero los partidos independentistas denuncian que la detención fue ilegal y de engaño al TJUE. ANC ha convocado una protesta en Barcelona a la que se han sumado líderes de Junts y la propia presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás.
Hace una semana, la puesta en marcha de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña llevaba las relaciones entre ambas instituciones y entre los partidos que las integran a una etapa de desinflamación del conflicto catalán no vistas desde hace años. Pero la detención del ex presidente Carles Puigdemont este jueves en Cerdeña con motivo de la Orden de Detención Internacional que el Tribunal Supremo mantiene sobre él, ha vuelto a caldear el ambiente y veremos si afecta a las futuras relaciones políticas entre los actores implicados.
La primera reacción de La Moncloa fue pedir respeto a las decisiones judiciales y en un comunicado señaló que Puigdemont "debe someterse a la acción de la justicia exactamente igual que cualquier otro ciudadanos". Se trata de un mensaje que ha repetido esta misma mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista para TVE. La dirigente del Ejecutivo de pedro Sánchez, ha manifestado que "el Gobierno entiende que cualquier ciudadanos tiene que estar a disposición de los tribunales y nadie puede eludir la acción de la Justicia. Es aplicable a todos sin excepción".
Además, Robles ha añadido que "su posición es de máximo respeto a las resoluciones judiciales de los tribunales". Hay que recordar que la titular de Defensa es también jueza y, por tanto, habla con conocimiento de causa. Por ello le han cuestionado sobre la posición que mantiene el abogado de Puigdemont que ha afirmado que la detención es ilegal "si hay una euroorden y una detención no se puede hablar de ilegalidad, otra cuestión es la vía jurídica que resolverán los tribunales italianos, que dirán la primera palabra".
Además del componente estrictamente judicial, este asunto saltará también al ámbito político, aunque Margarita Robles ha defendido que "los políticos deben pensar en el interés general de los ciudadanos y no en una situación personal de un dirigente". Por eso, entiende que esta nueva detención no debería interferir en las relaciones entre ERC y el PSOE.
Lo que parece que se avecina es una nueva batalla judicial que incluirá a la justicia española, la italiana y la europea. Al igual que ocurrió cuando Puigdemont fue detenido en Alemania en el 2018, la Corte de Apelación de Sassari debe resolver si la detención bajo el paraguas de la euroorden no contradice las sentencias de la justicia europea sobre la inmunidad del eurodiputado catalán y después si accede a la extradición de Puigdemont a España. De momento y hasta que pase a disposición judicial, Carles Puigdemont permanece en la prisión de Bancali donde fue llevado tras su detención en el aeropuerto de Alghero.
El entorno independentistas vuelve a las protestas en la calle
Las reacciones del lado del independentismo no se hicieron esperar. Los primeros en reaccionar fueron los dirigentes de JxCAT que consideran que estamos ante una detención ilegal que acentúa la "persecución judicial", del Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont. Aunque hay que recordar que el ex presidente está prófugo de la Justicia española desde la declaración de independencia que se tramitó en el Parlamento de Cataluña a pesar de las advertencias de ilegalidad de los tribunales españoles.
El presidente de JxCAT en el Parlamento de Cataluña, Albert Batet ha ido más lejos y ha acusado al Supremo de 'engañar' al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con la euroorden bajo la que se ha producido la detención "los estándares de la Justicia española han quedado en evidencia" ha afirmado.
Para el dirigente catalán, el alto tribunal español aclaró en una resolución del pasado 30 de julio que había retirado las euroórdenes, pero ahora dice lo contrario "aquí hay alguien que engaña, que es la Justicia española, que en un sitio dice una cosa y luego hace otra", cierra Batet.
Desde primeras horas de la mañana de este viernes, varios centenares de personas se han concentrado delante del Consulado de Italia en Barcelona para protestar por la detención de Puigdemont. Se trata de una concentración convocada por ANC a la que se ha sumado Omnium Cultural.
En la protesta han estado la presidenta del Parlament, Laura Borrás; el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; la portavoz de ERC, Marta Vilalta; así como Jordi Sánchez y Jordi Cuixart que fueron recientemente indultados por el Gobierno en aras de abrir una etapa de diálogo que proponga soluciones al conflicto político.
Los concentrados han gritado consignas en favor de Puigdemont y han exigido que la justicia italiana libere al dirigente catalán ante lo que consideran una ilegalidad.
El propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC) ha anulado toda su agenda prevista para este viernes y sigue los acontecimientos en la sede del Govern. El president tiene previsto reunirse con sus conseller y sus socios de Gobierno, de JxCat.
Por otro lado, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha querido transmitir la solidaridad de su formación con Carles Puigdemont tras su arresto de este jueves. A través de las redes sociales ha expresado su "clamorosa petición de libertad" para el que fuera presidente del Govern de Cataluña cuando se produjeron los hechos más graves del procés soberanista como fueron la convocatoria y realización del referéndum ilegal de independencia y las declaraciones unilaterales independentistas, así como la aprobación de las denominadas "leyes de desconexión".
También ha utilizado sus redes sociales el diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián con un mensaje lleno de ironía "Reyes ladrones fugados en Abu Dabi y presidentes electos detenidos en Cerdeña". Olvida el diputado catalán que mientras el Rey Juan Carlos no ha sido detenido ni llamado por la justicia española, el ex presidente catalán se saltó todas las leyes vigentes españolas y desoyó las sentencias judiciales que le instaban a parar la deriva soberanista que no respetó en ningún momento nuestro ordenamiento jurídico. Ése y no otro es el principal problema de los políticos catalanes envueltos en el procés de independencia, que no respetaron la ley y se saltaron todas las resoluciones judiciales.