Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, fue detenido este jueves a última hora de la tarde a su llegada a Cerdeña (Italia). Tras una noche detenido, las autoridades judiciales italianas decidieron ponerlo en libertad con el cargo de presentarse ante el juez el próximo 4 de octubre, donde se valorará su entrega a España. De esta forma se ha ejecutado la orden de busca y captura emitida por el Tribunal Supremo (TS). Así, se podría iniciar un procedimiento para valorar la colaboración de Italia frente a su entrega a España, reclamada por el juez instructor del procés Pablo Llarena. Sin embargo, el abogado del dirigente catalán defiende que la detención no es válida por la inmunidad parlamentaria de la que disfruta. En definitiva, se avecina un nuevo y complejo frente judicial como antes sucedió en Alemania.
Tras tomar declaración al político catalán, Carles Puigdemont, un juez italiano del Tribunal de Apelación de Sassari ha dictado su puesta en libertad. El prófugo de la justicia española tenía una orden de detención europea, y su libertad ha sido dictaminada después de tomarle declaración. El expresidente de la Generalitat, que pasó la noche en los calabozos, ha salido en torno a las seis de la tarde de la prisión Giovanni Bachidu. Queda a la espera de que la justicia decida sobre la validez de la euroorden dictada sobre él y tendrá que volver a comparecer de nuevo ante el tribunal el próximo día 4 de octubre. En la vista que se celebrará ebn esa fecha se evualuará la pelitición española para la entrega del prófugo.
Gonzalo Boye, abogado del político catalán, ha afirmado en sus redes sociales que su defendido "ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado". Una detención, explica, que se realiza "en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal, se encuentra suspendida". Tras una noche detenido, las autoridades judiciales italianas han dejado en libertad al dirigente independentista catalán, Carles Puigdemont.
Por su parte, Moncloa ya se ha pronunciado al respecto. Afirman que la detención del expresidente "obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales". El comunicado también asegura que se mantiene el "respeto a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos", al igual que ha ocurrido "con los tribunales españoles y europeos que han dictado resoluciones en los procedimientos judiciales" respecto al prófugo. Desde Moncloa defienden que "el Sr. Puigdemont debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano".
El episodio de detención en Cerdeña recuerda al que se produjo en Alemania en 2018. Este último se vino de la mano de la Orden Europea de Detención y Entrega del 23 de marzo, emitida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por un delito de rebelión, con ámbito de difusión Schengen. Más tarde, en abril, el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein sentenció su libertad bajo una fianza de 75.000 euros e indicó que la extradición era posible respecto al delito de malversación, pero no al de rebelión.
El problema estriba en que el delito de rebelión y de sedición de nuestro ordenamiento jurídico no se puede equiparar a un delito de similares características en países como Alemania, Bélgica o Italia. Estamos, por tanto, nuevamente en el punto de partido. Si el Supremo prosigue con la orden de extradición solo podría juzgar a Puigdemont por el delito de malversación y se libraría de responder ante la justicia por los delitos más importantes. Y todo este embrollo judicial se entre mezcla con la inmunidad parlamentaria del político catalán ya que tiene la condición de eurodiputado. El parlamento ya concedió el suplicatorio y la pérdida de esa inmunidad pero este asunto aún está por resolverse en instancias judiciales europeas.
Será la Corte de Apelación de Sasser (Cerdeña) la competente y encargada de decidir la puesta en libertad o la posible extradición de Carles Puigdemont.
Marco de relaciones Cataluña - Ejecutivo
Los indultos del pasado junio supusieron una distensión del diálogo en las relaciones Gobierno-Generalitat. Sin embargo, a la luz de las declaraciones de Moncloa respecto a Puigdemont, la reacción de ERC no se ha hecho esperar. Califican de "represiva" a la detención del político, mientras que el Gabinete del presidente afirma que mantienen "respeto absoluto a las decisiones de la Justicia".
La mesa de diálogo que tuvo lugar entre Sánchez y Pere Aragonés significó un acercamiento entre Cataluña y el Ejecutivo, además de servir para plantear la disposición de los catalanes de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Frente al nuevo contexto internacional y detención del expresidente, los flujos de comunicación entre la Generalitat catalana y el Gobierno de España están aún por verse.