Situación de emergencia en La Palma

El Gobierno estudia un proyecto para paliar los daños del volcán en La Palma

Los destrozos superarán los 400 millones de euros, cifra que supone el 1% del PIB de la región

Foto: Europa Press

El Gobierno estudia un proyecto para paliar los daños del volcán en La Palma

Los destrozos superarán los 400 millones de euros, cifra que supone el 1% del PIB de la región

La Moncloa ha comenzado la elaboración de un plan para contener los datos económicos y materiales que deja tras de sí la erupción del volcán de La Palma. Se han empezado a revisar los protocolos de actuación y ayudas ante la situación que se vive actualmente en Canarias. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha asumido la coordinación de la respuesta que tendrán los daños ocasionados a los afectados de la isla.

El plan incluirá la recontrucción de infraestructuras y viviendas, además de medidas fiscales para los afectados. También abarcará ayudas laborales y subvenciones para los sectores de pesca y agricultura, las principales áreas económicas de La Palma junto con el turismo. Desde el Ejecutivo se afirma que se esta estudiando "en detalle" lo ocurrido en La Palma de cara al real decreto 307/2005, que regula la concesión de ayudas en situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

 

 

La declaración de la zona como gravemente afectada hace posible una regulación de las subvenciones por daños personales y materiales, tanto en viviendas y enseres, como en comercios, explotaciones y fábricas. Félix Bolaños ha afirmado que "va a ser un plan ambicioso", pero que el compromiso del Gobierno con la isla es "total". Además, ha justificado que las reuniones para "mitigar la tragedia" ya se están dando para "ser capaces de que la reconstrucción se realice de manera ágil y en los plazos más breves posibles".

 


Tomás Barrato, presidente de la Federación de Empresarios de La Palma (FEDEPALMA), expone que "es difícil hacer una evaluación de los daños porque estamos intentando atender las primeras necesidades de toda la población desplazada". Sin embargo, los destrozos se van vislumbrando. El volcán, que el pasado miércoles pasaba a fase explosiva y hacía saltar todas las alarmas, ha arrasado viviendas y explotaciones agrarias. Estas últimas suponen la principal actividad económica de la isla, especialmente la platanera. Barrato afirma que "se han cortado, por efecto de la erupción volcánica, las tuberías que llevaban el agua a zonas de cultivo mucho más extensas". Así, sentencia que "si la máquina burocrática tarda en echar a andar se va a llegar tarde", en referencia a la necesidad de una vía alternativa de abastecimiento de agua para el riego de la explotación platanera.

 

 

Además, el mercado turístico también ha salido especialmente golpeado por la situación de emergencia en La Palma. Entre la producción agrícola y el turismo, se concentra el 40% de las empresas registradas en la Seguridad Social el pasado mes de agosto.  “Es muy duro, pero esperemos que la actividad turística de la isla, con su atractivo y sus servicios, pueda incluso salir reforzada”, estima Barrato. A propósito de esto, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, ha afirmado que se estudiarán las situaciones específicas de los ERTE en La Palma en el caso de se produzca una limitación de la actividad turística ligada a la erupción volcánica.

La lava del volcán Cumbre Vieja cubre ya unas 166 hectáreas (14 más que hace 36 horas) y ha destruido 350 edificios, según el programa de observación de la Tierra Copernicus de la Unión Europea .

 

La respuesta de Bruselas

Desde Europa, se activó el pasado domingo el llamado programa Copernicus. Este protocolo incluye la utilización de los satélites artificiales europeos para los estados miembros, así como la tecnología de imágenes en tiempo real para estimar la gravedad de la catástrofe y mapeo de las áreas de riesgo.


Para activar la ayuda comunitaria europea, el país solicitante debe enviar en las 12 semanas siguientes al desastre una solicitud a la Comisión Europea que muestre que el impacto directo supera el 0,6% de la renta nacional bruta del país o el 1,5% del Producto Interior Bruto regional (o del 1% del PIB si se trata de las regiones exteriores, como es el caso de Canarias). Si dicha solicitud cumple los requistios estipulados, la Comisión propone al Consejo y al Parlamento Europeo la movilización de la ayuda, sale del presupuesto de la UE.

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