En España se realizan alrededor de 100.000 interrupciones voluntarias de embarazo (IVE), un derecho de las mujeres reconocido por los organismos internacionales de Derechos Humanos y por la propia legislación española. Pero los obstáculos que tienen aquellas que deciden abortar son innumerables en la sanidad pública lo que les obliga a acudir a clínicas privadas que conciertan con la Administración la realización de estas operaciones y que son gratuitas para la paciente. 

 

Las cifras del año 2019, el último del que se tienen datos son tremendamente elocuentes y muestran que el 85,68% de los IVE's se realizan en centros privados. El problema es que hay hospitales públicos en el que todos los profesionales se acogen a la objeción de conciencia y, por tanto, no se efectúan interrupciones de embarazo. Así ocurre en los centros públicos de Madrid, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. Además, en otras regiones los números tan bajos de abortos realizados en la sanidad pública ponen al descubierto que este problema se da en prácticamente toda España. 

 

Cuadro con las cifras de IVE realizados en clínicas públicas y privadas en los últimos años:

 

Estos datos han sido puesto al descubierto después de que Marta Vigara, geriatra del Hospital San Carlos de Madrid, contara su caso en la Cadena Ser para dar a conocer esta triste realidad. Las mujeres tienen enormes dificultades de ejercer un derecho perfectamente reconocido. 

 

Esta doctora tuvo que abortar a las 17 semanas por la rotura de la bolsa y la pérdida del líquido amniótico. Esta circunstancia hacía inviable llevar a término el embarazo ya que el pronóstico fetal era infausto. Con ese tiempo de gestación, los pulmones no tiene madurez suficiente y puede haber otras deformaciones en las articulaciones. Además, la salud de la propia paciente corría peligro. 

 

Marta fue informada que podía interrumpir su embarazo pero que tendría que buscar otro lugar ya que todo el departamento de Ginecología de su hospital se declaró en 2009 objetores de conciencia lo que en la práctica significa que el centro médico no realiza abortos. Algunos de sus compañeros quisieron darle excusas peregrinas como que hacer un legrado "es muy desagradable"; otros, de manera privada, le confesaron que los profesionales que acceden a realizar el IVE son amenazados con destinarles únicamente a realizar abortos. 

 

Marta estuvo ingresada con tratamiento con antibiótico y ante tal situación pidió abortar por motivo médicos. Pero el hospital le dio el alta y tuvo que buscar por ella misma una clínica en la que ejercer su derecho a abortar. Encontró ayuda en la clínica Isadora de Madrid para la que sólo tiene palabras de agradecimiento por la profesionalidad de sus médicos. Tuvo que ser intervenida de urgencia porque comenzaba a sangrar. 

 

Tras su triste periplo, Marta Vigara decidió denunciar lo sucedido y comenzó por pedir explicaciones en su propio hospital, al fin y al cabo era su centro de trabajo "como mi casa". Pero no tuvo éxito ya que ni el servicio de Ginecología ni la dirección del hospital le dieron respuesta. También acudió a los comités de violencia de género y de ética del centro, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al Colegio de Médicos de Madrid. Por eso su única salida para ser escuchada ha sido acudir a los medios de comunicación para contar su caso. 

 

Tras el relato, se produjo de forma inmediata una cascada de relatos de otras mujeres que vivieron situaciones similares de la de Marta. A través de las redes sociales, por ejemplo, Raquel H. Alonso contó que le pasó algo parecido en 2005 cuando tras 22 semanas de embarazo decidió someterse a un IVE por el alto riesgo para su salud y para el feto. No encontró ningún hospital público lo que considera que es un auténtico desamparo para las mujeres y un maltrato institucional. Maleni Díaz pasó por este trance en 2004 cuando en la Comunidad de Murcia no encontró ayuda en la Sanidad Pública. Su problema fue un tumor en el útero. Es más, ella tuvo que viajar a la Comunidad Valenciana porque en su región es prácticamente imposible abortar. 

 

 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha ratificado que lo que sucede es una triste realidad "no es un caso aislado. 8 de cada 10 abortos se realizan en clínicas privadas y hay CCAA donde ni siquiera se realizan. Por todo es urgente reformar la ley del aborto. El derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos debe estar blindado por ley", decía a través de sus redes sociales. 

 

Este mismo jueves, la titular de Igualdad, ha analizado en la Cadena Ser la situación que y ha afirmado que se trata de "una violación de los derechos humanos". Por eso ha manifestado que "es urgente reformar la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Desde julio estamos abordando un proceso participativo para reformarla". 

 

Todo esto sucede cuando grupos antiabortistas han convocado concentraciones a las puertas de las clínicas que realizan abortos durante los próximos 40 días en una especie de 'vigilia' para, según su criterio 'salvar vidas'. Sin embargo poco les importa la situación médica, personal o social de aquellas mujeres que tiene que someterse al traumático proceso de terminar con su embarazo por el motivo que sea.

 

Precisamente el Congreso de los Diputados dio luz verde esta semana a una proposición de ley del PSOE por el que se pide que se penalicen estas concentraciones ya que suponen un grave caso de acoso para que las mujeres no puedan ejercer sus derechos. En países como Francia o Estados Unidos estas concentraciones están también prohibidas.