La Cámara Baja del Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición de ley socialista por la que el hostigamiento a las mujeres que acuden a abortar esté penado. Esta reforma del Código Penal contemplaría penas de cárcel para aquellos que acosen a quienes acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente el embarazo, que varían de tres meses a un año, o bien la realización de trabajos comunitarios de entre 31 y 80 días.
Las formaciones políticas del Partido Popular y Vox se han mostrado en contra de la proposición de ley orgánica impulsada por el PSOE. El debate ha sido protagonizado por un revuelo en el seno del Congreso, cuando se ha dado la suspensión de la sesión durante diez minutos. El vicepresidente de la Cámara ha invitado a salir y posteriormente a retractarse al parlamentario de Vox José María Sánchez García, quien ha calificado de "bruja" a la diputada socialista Laura Berja.
Berja, portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, ha expuesto que "el acoso, el hostigamiento y las coacciones son atentados contra la libertad de las mujeres". Asimismo, ha señalado que "elegir libremente nuestra maternidad y elegir el presente y futuro de nuestras vidas es una decisión solo nuestra, de las mujeres".
La diputada ha recalcado que esta proposición de ley orgánica pone a España al nivel de Europa, que ya tipifica este tipo de hostigamiento como delito penado. “Países como Francia, Alemania o Reino Unido han regulado estableciendo zonas de seguridad o tipificando este delito, entendiendo el legislador que estas acciones son un delito contra la libertad de las mujeres y de coacción frente a un derecho regulado en sus propias legislaciones”, ha apuntado. Además, ha querido clarificar que "esto no es un debate sobre aborto sí o aborto no", pues "el derecho ya está reconocido en una ley socialista con la mayoría de votos de esta cámara". "Este debate es sobre ¿qué hacemos con las amenazas y el acoso que sufren las mujeres cuando van a un centro sanitario?", ha apuntado la portavoz.
El texto legislativo explica que grupos ultracatólicos y de extrema derecha increpan y amenazan a las mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas antiabortivas en las proximidades de las clínicas donde acuden a detener el embarazo. Su objetivo es cambiar su decisión a través de la intimidación y el miedo. Según la iniciativa ese tipo de acoso será tratado como "delito de obstaculización del aborto".