Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, ha anunciado que impondrá una sanción administrativa de 600 euros, la máxima que permite la ley, a los cabecillas de la marcha homófoba celebrada en el barrio de Chueca el pasado sábado. También se castigará con 800 euros a otros seis participantes que portaban bengalas, palos y un puño americano, por un delito contra la Ley de Seguridad Ciudadana.
La marcha había sido convocada por la Asociación de Vecinos de San Blas-Canillejas y la Asociación de vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza, cuyo lema era “Di no a las Agendas 2030-2050”. En la mencionada manifestación, varios asistentes avanzaban al grito de “fuera sidosos de Madrid” o “fuera maricas de nuestros barrios”. También se mostraron pancartas con proclamas discriminatorias como “En Madrid ni bandas latinas ni menas”.
La delegación abrió expediente a los dos líderes debido al incumplimiento de la LO 9/1983, del 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y LO 4/2015, del 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, al no ajustarse el objeto de la manifestación al escrito de comunicación.
En la rueda de prensa en la sede de la Delegación, Mercedes González, señaló que han “aportado a la fiscalía toda la información para que abra las diligencias de investigación por un posible delito de odio” en informa de que los canticos no son motivo legal para disolver una manifestación.
Asegura que tiene “la conciencia muy tranquila”, que no va a dimitir y que se “ha atenido a lo que la ley indica” a su vez que declara que se han enviado con la máxima celeridad todos los datos a la Fiscalía para que ellos “decidan si hay un delito penal o no”, finaliza.