A partir del 1 de octubre, el Ministerio de Función Pública limita el teletrabajo a un máximo de un día a la semana para los funcionarios. Esta decisión afecta a 229.348 empleados públicos de la Administración General del Estado y sería "temporal". Entraría en vigor hasta diciembre, cuando se calcula que llegará la aprobación del Real Decreto que expone el acuerdo firmado en abril con sindicatos como CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), UGT (Unión General de Trabajadores) y CC.OO. (Comisiones Obreras) por el que se establece que el trabajo telemático para empleados públicos será de tres días en línea y dos presenciales.
El Gobierno ha decidido retomar la presencialidad de los empleados de la Administración General del Estado (AGE) ante la positiva evolución de la pandemia y contención de casos. Así, se restringe el trabajo telemático al 20% de la jornada (un día a la semana). Esta decisión sustituye a la anterior resolución gubernamental de cuatro días en modalidad en línea. Además, se establece el cese del sistema de cita previa obligatoria a partir del 31 de diciembre.
Desde los sindicatos, que no suscriben esta decisión, se reclama un Real Decreto que recoja el acuerdo sobre trabajo telemático en la AGE, donde se establecía un 40% de presencialidad y un 60% de modalidad online (tres días en semana). Además, denuncian el retraso en al aprobación de esta resolución.
El CSIF afirma que esta decisión "no reúne los requisitos necesarios para garantizar en las mejores condiciones la vuelta al trabajo presencial". También UGT se ha pronunciado al respecto, alegando que es necesario dotar a los trabajadores de los "recursos humanos necesarios para garantizar de forma satisfactoria la prestación del servicio". Este último sindicato ha calificado la situación de "tomadura de pelo". Por otro lado, CCOO asegura que se trata de "una irresponsabilidad exigir un retorno brusco al trabajo presencial" y que "se está usando la pandemia para vulnerar los derechos de la plantilla".
Los sindicatos de trabajadores señalan que con una reincorporación progresiva de la plantilla a la presencialidad, aparejada con una potenciación del teletrabajo, se podría volver a los puestos de trabajo "con máximas garantías de seguridad de todos los empleados públicos". Además, aseguran que el teletrabajo "ha sido muy positivo en la Administración General del Estado".