El Consejo de Ministros y el Gobierno están dispuestos a contener el precio de la luz. Este martes ha aprobado un Decreto-ley con medidas estructurales con el objetivo de reducir la factura de la luz. Se espera que haya una rebaja de un 22% de media en los próximos recibos de los hogares españoles. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado que el plan consta de cuatro pilares principales: reformas estructurales para impulsar energías más limpias y baratas, medidas para proteger a consumidores vulnerables, reducción de impuestos y eliminación de beneficios extraordinarios de algunas empresas energéticas.
La aprobación de este Decreto-ley forma parte del compromiso que ya anunciaba hace unos días el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. Prometió que los españoles, a final de este año, pagarán en su factura de luz una cantidad de dinero similar al del año 2018.
La aprobación de estas medidas se concreta en una minoración temporal del exceso de retribución que obtienen las centrales de generación eléctrica no emisoras (nucleares e hidroeléctrica). Se trata de un propósito temporal, hasta el 31 de marzo de 2022. También se incluye la rebaja del impuesto de la electricidad que se carga sobre la tarifa de la luz, que caerá del 5,11% al 0,5%, el mínimo permitido por la legislación comunitaria europea.
El presidente ha señalado que el plan es "detraer los beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas y redirigirlo a los consumidores". Además, el tope al gas se justificó exponiendo que "todos tenemos que hacer un esfuerzo. Aquí tenemos que ser solidarios", recalcando que las grandes empresas de energía gozan de beneficios de cara a los altos precios en detrimento de los consumidores medios.
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando de forma coherente con el objetivo de crear "un sistema limpio, eficiente, con precios asequibles y que facilite la diversificación y la democratización de los actores que participan en él". "Las medidas aprobadas hoy respetan el marco europeo y constitucional y la rentabilidad de las empresas, tienen en cuenta a los consumidores domésticos y las pymes, pero también a la gran industria y a las comercializadoras independientes", ha añadido Ribera.
"No es aceptable que las empresas energéticas estén obteniendo beneficios extraordinarios", señalaba Sánchez en una entrevista para el Telediario de TVE
Las medidas, en profundidad
La creación de un Suministro Mínimo Vital para contener la factura de consumidores vulnerables y la limitación del precio del gas de los próximos meses es el punto fuerte. Se trata de una reforma estructural del sector eléctrico, aumentando en seis meses la prohibición de cortes en el servicio a los beneficiarios del Bono social eléctrico, actualmente fijada en cuatro.
Las medidas fiscales no han faltado. Así, el 7% del Impuesto de Producción Eléctrica que estaba ya suspendido para el tercer trimestre de 2021 seguirá estándolo hasta el 31 de diciembre. También se reduce el Impuesto Especial a la Electricidad al tipo mínimo que permite la UE -del 5,1% al 0,5%- y se inyectan 900 millones de euros procedentes de los ingresos derivados de la subasta de derechos de emisión comunitarios.
Por otro lado, el Decreto-ley incluye la minoración temporal del exceso de retribución que están teniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras de CO2 en el mercado mayorista gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan. Asimismo, se adopta un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad a través de subastas de contratos de compra de energía en las que los operadores dominantes -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- deberán ofertar un porcentaje de su capacidad y las pequeñas comercializadoras o los grandes consumidores e industrias podrán adquirirla.
Además, la norma incluye medidas para la preservación de embalses con una modificación de la Ley de Aguas, una apuesta por el sector ganadero e inversiones territoriales como infraestructuras ferroviarias, además del apoyo a sectores estratégicos como autónomos y pymes, que recibirán una inyección de 50 millones de euros.