La nueva ley de Formación Profesional busca acercar nuestro sistema educativo al modelo europeo

La nueva ley de Formación Profesional busca acercar nuestro sistema educativo al modelo europeo

El consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Esta norma lleva anexada una memoria económica de 5.474 millones de euros, además de que Pilar Alegría, la ministra de Educación y Formación Profesional, ha afirmado que el Ejecutivo se ha comprometido a poner en marcha 200.000 plazas de FP en cuatro años.

Con esta ley el Ejecutivo pretende reducir el desempleo juvenil y corregir la distribución de trabajos en el mercado laboral a medio plazo acercándonos a los modelos europeos, en los que la presencia de los técnicos medios y superiores es bastante mayor que en el modelo español.

 

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha destacado que toda la formación profesional se integra en un sistema único organizado por grados y dirigido a estudiantes y trabajadores para que puedan programar itinerarios formativos teniendo en cuenta sus expectativas y necesidades. "Terminamos con ese doble modelo que existía de una formación profesional educativa y una formación profesional para el empleo y dotamos a nuestro país de un sistema único sin apellidos, mucho más flexible y mucho más accesible", ha remarcado la ministra.

 

Además, Alegría ha explicado que la nueva FP posibilitará que las empresas puedan obtener los perfiles profesionales que necesitan, ya que en las reuniones con las organizaciones empresariales y sindicales están permitiendo determinar con antelación qué profesionales va a demandar el tejido productivo. Añadiéndose a esto, también es destacable la dualidad de la formación. Esto quiere decir que se garantiza que todos los estudiantes de FP van a tener la posibilidad de un periodo de formación y de prácticas en empresas, y dependiendo del tipo de FP que decida realizar tendrá un periodo de prácticas mayor o menor.

 

En este curso se han financiado 60.000 nuevas plazas, sumándose a las 120.000 que ya había en el curso pasado. A pesar de esto, este año se ha destacado por una amplia demanda de este tipo de estudios, tan alta que el aumento de solicitudes no se ha podido abarcar, y gran cantidad de jóvenes que aspiraban a obtener una plaza han quedado fuera de la FP por la falta de oferta. Esto ha sucedido, sobre todo, en Madrid y Catalunya. 

 

 

Este problema se ha intentado solucionar con una segunda ronda en Catalunya, creando una convocatoria extraordinaria en la que se ofertarán unas 4.000 plazas nuevas que se añadirán a las 10.000 que quedaban vacantes. Aun así, muchos aspirantes no podrán obtener las plazas que quieren, ya que los que completaron la preinscripción fueron 96.000 personas para un total de 68.167 plazas, lo que supone una diferencia de 28.000 personas que no podrán cursar. Desde Educación reconocen que no se esperaban que las solicitudes para cursar FP se disparasen tanto este curso, ya que el crecimiento hasta ahora era de un máximo de un 2% interanual y no de un 23% como sucedió en este año.

 

La falta de plazas de FP deja a miles de alumnos madrileños sin posibilidad de continuar sus estudios

Por otro lado, en el caso de Madrid los sindicatos reclaman que miles de jóvenes se quedan fuera de su elección “por una decisión política adoptada en favor de las empresas privadas de FP, declaran desde UGT. A la política a la que se refieren es la que ha provocado que haya en la comunidad 227 centros privados frente a 122 públicos, todo esto, según datos del sindicato. La situación se complica más en los estudios sanitarios: “El porcentaje de excluidos en estudios sanitarios llega, en algunos casos, a superar el 90%. En Dietética, por ejemplo, el 69% de las solicitudes han sido rechazadas; en Prótesis Dentales se quedan sin plaza pública el 78% de los estudiantes; en Laboratorio Clínico y Biomédico, el 90%”, enumera el sindicato.

 

A pesar de esto, la Comunidad se ampara en la falta de demanda en determinadas áreas. Ante esto, Isabel Galvín, la responsable de Educación de CC.OO., lamenta que con esto se justifiquen los recortes, para añadir: “Lo cierto es que este y anteriores gobiernos regionales no han hecho nada para solucionar este problema, que tendría fácil solución mejorando al orientación de los jóvenes, ofreciendo incentivos con matrículas más bajas, o implementando un sistema de becas para los estudios públicos que más demande el sector productivo”.

 

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