Tras 20 años de vigencia, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) cuenta las horas para que entre en vigor la nueva ley que la reemplazará, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Esta modificación en la legislación de la enseñanza educativa superior está enmarcada en la reforma integral del sistema universitario que se plantea el Gobierno a medio-largo plazo. Se pretende así que la implantación de la misma se realice de forma progresiva.
Como diferencias más significativas, la nueva ley LOSU presenta como principal objetivo lograr una educación superior encaminada a la gratuidad que luche contra la precariedad laboral y la endogamia. En este sentido, garantizar la calidad y facilitar el acceso a los estudios superiores son las líneas en las que ha trabajado el ministro Manuel Castells y que, ahora plantea a la comunidad universitaria y a los grupos parlamentarios para lograr su aceptación.
Del mismo modo, la legislación que hoy se presenta a examen ante el Consejo de Ministros, pretende promover el trabajo de investigación en el seno universitario facilitando, entre otras medidas, la transferencia y movilidad del personal docente e investigador.
La transparencia y revalorizar las titulaciones universitarias, pilares de la LOSU
Para garantizar la transparencia de una institución como la universitaria, la futura ley de enseñanza superior se compromete a que todos los concursos de plazas se publiquen previamente en un registro y a que las comisiones estén formadas por mayoría de personal externo a la Universidad. A ello hay que añadir la propuesta del PSOE que apuesta por eliminar como requisito indispensable para acceder al puesto a rector la condición de ser catedrático. De este modo, cualquier profesor titular podría estar en disposición de presentarse a la elección al máximo cargo universitario.
En la misma línea, el ministerio de Universidades persigue con esta reforma de la ley la creación de tres niveles de progresión con una figura contractual para cada nivel. De esta manera, la estructura universitaria quedaría de la siguiente forma: Profesor Ayudante Doctor, Titular o contratado equivalente y Catedrático.
Escándalos como las titulaciones de Cristina Cifuentes o del propio Pablo Casado han repercutido indirectamente en el prestigio de los grados y másteres universitarios. Además, son numerosos los graduados que con su título en la mano, encuentran grandes dificultades para acceder al mercado laboral. En este sentido, la futura ley LOSU busca precisamente dar a las titulaciones universitarias el valor que les corresponde y tratar de aumentar las opciones de empleabilidad del alumnado con grados y/o másteres en su haber.