Tras la importante decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que afirmaba que el Tribunal Supremo (TS) vulneró el derecho de presunción de inocencia y el derecho a la revisión de la condena y la pena del exjuez Baltasar Garzón, este ha decidido que pedirá su reingreso en la carrera judicial.

 

En el año 2012, Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional, fue condenado a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados del "caso Gürtel". Ahora, Garzón ha confirmado en una entrevista este jueves en El País que va a pedir su reingreso en la carrera judicial y que se borre de su expediente los cargos por los que se le condenaron.

 

En el dictamen emitido por el comité, recuerdan que otros jueces han tomado medidas similares y no han sido castigados por ello, afirmando que la actuación de Garzón "no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal resultando en la pérdida definitiva de su cargo" y, por tanto, ha acordado que España compense al exmagistrado por el daño causado.

 

Durante la entrevista en El País, Garzón ha explicado que para él "lo más importante es que pide que se tomen medidas para que en el futuro no ocurra nada semejante. Es un dictamen de protección a jueces y fiscales para el futuro. La reparación integral sería mi reposición como magistrado".

 

Por su parte, el comité ha criticado la actuación del Tribunal Supremo por el hecho de que los procedimientos "Franquismo" y "Gürtel" fueran tramitados simultáneamente con juicios de cinco días de diferencia y con jueces que participaron en ambas causas, a pesar de la solicitud del exmagistrado de que fueran recusados.

 

Además, el organismo de la ONU ha resaltado que la condena del Supremo contra el juez que trabajaba en esos momentos en la instrucción del "caso Gürtel" fue "arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida" por la ley. Y que, en el caso de que hubiera incurrido un error judicial, se debería haber corregido mediante la revisión por el tribunal superior y no mediante su procesamiento penal.